En un país acostumbrado a vivir bajo un régimen de impunidad, en el que los que disponen de algún poder nunca eran sometidos a ningún tipo de procesos penales, lo acontecido a partir de 2015, sin duda que coloca a los jueces a cargo de procesos de alto impacto en situación de alto riesgo por el tipo de delitos que juzgan, muchas veces vinculados a distintas formas de crimen organizado. En ese sentido es obvio que se puede y debe afirmar que sin seguridad y protección a los jueces no puede hablarse de independencia judicial.
Hasta ahora no había quejas en cuanto a los mecanismos de protección existentes para brindar el máximo de seguridad a los operadores del Sistema de Justicia y, por el contrario, todos mostraban satisfacción por las acciones y medidas implementadas por el anterior responsable de la seguridad en el Organismo Judicial, el ex magistrado Angel Conte Cojulún, quien a su experiencia en el campo judicial sumaba la que acumuló como funcionario del Ministerio de Gobernación a cargo de la seguridad ciudadana.
Un cambio operado por la actual Presidencia del Organismo Judicial ha provocado una serie de quejas y preocupaciones de los jueces que deben ser protegidos, según la ley, por el nivel de riesgo que tienen debido a los casos que conocen y el tipo de delincuentes que son juzgados en sus respectivas jurisdicciones. Los afectados cuestionan que siendo una persona que tiene experiencia en áreas de inteligencia, ahora se sienten espiados antes que protegidos y ello es gravísimo porque se indica que el nuevo encargado de la seguridad es también persona de confianza del mandatario Morales quien no es precisamente el mejor aliado de la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Es indudable que la presidencia del Organismo Judicial tiene la potestad y facultad para hacer nombramientos, pero se tiene que buscar en todo caso la mejora del servicio y no plantear retrocesos que puedan comprometer la marcha de la administración de justicia y eso es cabalmente lo que los jueces reclaman. Los argumentos presentados ayer por varios jueces y por el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial son importantes y deben ser tomados en cuenta por la entidad nominadora para hacer los ajustes y correcciones que sean necesarios, sin el empecinamiento que trasladan las declaraciones de voceros de la Corte.
Reiteramos que la seguridad de los jueces es elemento indispensable en la lucha contra el reino de la impunidad en el país y por ello sus reclamos tienen que ser evaluados y atendidos.
