Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Dieciséis Estados de la Unión Americana han planteado ya acciones legales en contra de la decisión del presidente Trump de declarar un Estado de Emergencia que le permita agenciarse de fondos para construir un muro en la frontera con México e implementar acciones para contener lo que él define como una invasión de migrantes que cruzan la frontera sur para introducir no sólo drogas sino a multitud de criminales en Estados Unidos.
Según la Constitución norteamericana y la separación de los distintos poderes, corresponde al Legislativo decidir las asignaciones de recursos para los distintos programas de gobierno. La aprobación del presupuesto constituye una facultad exclusiva de senadores y congresistas, quienes disponen cuánto recurso se asigna a cada uno de los programas de las distintas agencias gubernamentales. En el caso del muro el Congreso (es decir ambas cámaras) decidió no otorgar los recursos que exigía el Presidente y éste, en respuesta, pasó a declarar una situación de emergencia que ahora será analizada por las cortes federales.
El asunto, al fin de cuentas, es un problema que atañe a los norteamericanos pero anticipando que se viene una intensa batalla legal es importante, desde la perspectiva nuestra como guatemaltecos, preguntarnos si Trump hará lo mismo que el presidente Morales, es decir si se irá a pasar por el arco del triunfo las resoluciones que dicten los tribunales competentes para conocer esas acciones legales. El tema llegará finalmente a la Corte Suprema de Justicia, pero antes pueden producirse resoluciones de las Cortes Federales que podrían dejar sin efecto la declaratoria de Estado de Emergencia y habrá que ver la actitud del Presidente.
No hay ningún antecedente de desobediencia a una resolución de las cortes en la historia de los Estados Unidos, aunque no se puede descartar un atropello en las especialísimas circunstancias que ahora se viven. Pero seguramente que la institucionalidad entraría a operar y un gobernante que desafíe la autoridad de las cortes estaría cometiendo un suicidio político porque el mismo Estado de Derecho se encargaría de él.
Por mucho que lo pudiera proteger un Senado con mayoría republicana, cuestión que aún estaría por verse, todo el sistema implementaría de inmediato las acciones contempladas en la Constitución para garantizar el respeto a la decisión judicial. Trump no podría decir, como ocurre aquí, que él no va a cumplir una orden simplemente porque él, sin tener noción del derecho, la considera ilegal pues allá la institucionalidad es muy fuerte y funciona, con precisión, para preservar el Estado de Derecho de los abusos que pueda cometer cualquier político en alguna posición de poder.
En Estados Unidos pesa mucho la orientación ideológica de los magistrados, conservadores nombrados por gobiernos republicanos y liberales los nombrados por demócratas, pero ningún Presidente desafía los fallos aunque no le gusten o le parezcan sesgados por esas cuestiones ideológicas. Simplemente se acata lo resuelto por las cortes porque es impensable siquiera que se les desafíe violentando la sagrada visión del Estado de Derecho que tiene que aplicarse siempre y en todo lugar, guste o no guste, porque así lo manda la ley.
