Walter Juárez Estrada
Negros nubarrones podrían empañar el proceso electoral en la víspera de los comicios de junio, si no se actúa con arreglo a las leyes, siendo una brasa para las autoridades electorales que en última instancia, tendrán que declarar si ha lugar a despojar de su inmunidad a la pretendiente presidencial Sandra Torres, si la Corte Suprema de Justicia declara ha lugar a despojar de su inmunidad a la líder uneísta, que por segunda ocasión, aspira a dirigir el Ejecutivo, en un evento empañado por acusaciones, disparates de los candidatos que no ofrecen nada positivo, para que Guatemala termine con la corrupción, con políticos ambiciosos sin un norte claro.
El Ministerio Público, por casualidad o mala fe, horas después que Torres recibió su credencial como candidata presidencial la denunció por financiamiento ilícito en las elecciones del 20l5, cuando la dirigente de la UNE fue candidata presidencial donde su ambición de poder, la obligó a divorciarse de Álvaro Colom, no sólo la petenera es acusada de financiamiento ilícito, está el ex secretario privado Gustavo Alejos, diputados, otros guardando prisión y los que están prófugos.
Torres, no se quedó callada, lanzó severas críticas contra la exfiscal Thelma Aldana, a quien acusó de estar atrás de esta estructura y al fiscal Juan Carlos Sandoval, diciendo que “ésta vez…no se dejará quitar la Presidencia”. La denuncia del MP tiene las pruebas que incriminan a la ambiciosa candidata y sus cómplices de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado en los comicios del 2015, lo que rechazan los imputados. El problema tiene que solventarse en los tribunales, sin olvidar que la figura del antejuicio es eminentemente política, dicen estudiosos en el tema. Existe una laguna legal, en las leyes que no tienen claro qué autoridad debe decir si se despoja de ese beneficio a un candidato presidencial, dejando la responsabilidad al TSE.
En los últimos años ha habido un abuso desenfrenado en materia de antejuicios. Los tribunales están saturados de acusaciones contra funcionarios, quienes se escudan que la incriminación es espuria y política, dejando a los juzgadores definir el calificativo, pero todo se basa en pruebas, que el ente acusador, -el MP- no podrá sacarse “de la manga”, algo que por años ha flotado en la población que los candidatos a puestos de elección, reciben cantidades dinerarias de grupos anónimos para su beneficios personales. De esa cuenta, la sala electoral quiere romper ese viejo esquema y terminar con esa corruptela.
La duda razonable deviene del por qué se promueve la acción cuando ya está en marcha el proceso electoral, que muchos anticipan será violento, porque los aspirantes no se quedarán callados, haciéndose mutuas acusaciones. Siendo el proceso electoral democrático, con sus falencias, errores y deja en manos de los jueces dirimir, si algunos candidatos presidenciales tienen tacha; es público que las Cortes y funcionarios electorales, fueron elegidos o nombrados por políticos ambiciosos. La prueba de la justicia, se pondrá a prueba en las próximas elecciones que se avizora puede dar al traste y derrumbarse, cuestión que no se quiere, pero esos son los aires que soplan.
