David Barrientos
Un accidente puede ser debido a un fallo mecánico, a una mancha de aceite o a mala visibilidad, factores inevitables. Un accidente sería “un suceso eventual o acción involuntaria”. Pero que una persona muera porque otra, con alcohol o sin él, condujera temerariamente, con exceso de velocidad y que finalmente invadiera el sentido contrario no debería calificarse como un accidente, porque son condicionantes que se podrían haber evitado, por lo que se le denomina siniestro.
Según estudios, la Organización de Naciones Unidas respecto a la seguridad vial en el mundo, anualmente fallecen más de 1.3 millones de personas como consecuencia de accidentes de tránsito y más de 20 millones sufren traumatismos. El 90 por ciento de los siniestros ocurre en los países de ingresos medios y bajos, que sólo tienen el 48 por ciento de los vehículos del mundo. Entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años, figuran los traumatismos causados por la siniestralidad vial. Siendo las principales causas de la accidentalidad: la velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas, la ausencia de casco entre los motociclistas, la falta de uso de cinturones de seguridad en los automotores y de sistemas de retención adecuada de los niños. Los costos económicos de la atención médica para quienes sufren traumatismos son significativos, al extremo que se considera que más del 40 por ciento de los presupuestos de la salud se emplea en la atención de dichos traumas. Esto sin tener en cuenta la pérdida de la productividad futura de quienes se ven afectados. Se ha encontrado que pocos países disponen de una legislación apropiada y que para hacer frente a la accidentalidad la prevención es la mejor opción.
Guatemala es un país con alta siniestralidad vial, la que ha dejado muerte y dolor, pese a la existencia de una ley de tránsito promulgada en el año 1996; los siniestros han crecido alarmantemente, sin el reparo de la autoridad durante veintitrés años. El Departamento de Tránsito pese a su brillante nacimiento, fue convertido en una unidad policial con funciones de seguridad ciudadana o prevención del delito, dejando a la deriva su función natural, su importancia nacional y responsabilidad de enorme trascendencia en el ámbito social, económico y político. Por largo tiempo hemos tenido un Departamento de Tránsito con poco impacto en la gestión del tránsito y seguridad vial, a pesar de contar con una regulación, estructura organizacional, personal capacitado, asignación presupuestaria, etc. para desarrollar las funciones. Afortunadamente las actuales autoridades del Departamento de Tránsito han empezado a visibilizar, incidir y gestionar en esta problemática de seguridad, y el personal que conforma el Departamento de Tránsito se ha puesto los tenis para recuperar el tiempo perdido. Ojalá cuenten con el apoyo y voluntad política de los órganos gubernamentales como: el Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, entidades municipales, privadas y de los guatemaltecos en general, para que la visión estratégica, que ahora guía la gestión de la seguridad vial, empiece a disminuir los siniestros, lo que significa salvar vidas, evitar el dolor y crear una cultura de prevención.
