Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Oscar Clemente Marroquín
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Ayer el presidente de la Cámara de Industria cuestionó que a la candidata presidencial de la UNE, favorita de muchos que hace algunos años se referían a ella con enorme desprecio, sea sindicada por la comisión de un delito que ya fue reformado y mencionó específicamente el artículo 407 O del Código Penal, que es el que en un perverso acuerdo crearon para facilitar el financiamiento electoral sin entrar en complicaciones de orden legal y menos de orden penal.

Y tiene razón el dirigente empresarial de quejarse porque con todo y lo que les costó que se llegara a materializar esa reforma para despenalizar el financiamiento electoral de manera que pueda seguir la fiesta de la cooptación del Estado era de esperar que ya no se moviera ni un dedo más que para procesar a un pobre contador que se preste a llevar la contabilidad de algún partido político, porque ni los financistas particulares ni los dirigentes políticos, asumen responsabilidad penal por financiamientos ocultos o entregados de forma que violente la transparencia.

Casualmente ayer mismo decía yo cuán importante es para los financistas esa reforma legal que les devuelve el amplio poder para seguir financiando a los candidatos a puestos de elección popular para sobornarlos desde antes de que lleguen a tomar posesión. Porque el financiamiento electoral es el camino para bañar en pisto a los políticos y quedó demostrado con todo lo que se supo en el proceso por la Cooptación del Estado, que no sólo se financian campañas sino que buena parte del dinero se lo embolsan los candidatos para su propio beneficio, lo cual es sabido por los financistas, quienes lo aceptan porque saben que así incrementan su nivel de control sobre los futuros funcionarios.

No dejan de llamar la atención las vueltas que da la vida, puesto que hace algunos años hubiera sido inimaginable que el sector empresarial organizado cerrara filas para defender a la señora Sandra Torres a quien veían como engendro del mismo diablo. Es más, cuando se destapó el escándalo del financiamiento al partido de Jimmy Morales, los sindicados dieron a entender que lo aportaron como un gesto patriótico para evitar que la señora Torres llegara al poder por sus antecedentes en el gobierno de su esposo, Álvaro Colom, en el que funcionó como el verdadero poder tras un trono más que aguado.

Pero ahora se convierte en la posibilidad de que continúe vigente el mismo modelo político, el mismo sistema que tantos réditos le proporciona a los que cada cuatro años hacen su apuesta e invierten en determinadas candidaturas para que siga la fiesta. Los intereses comunes son demasiado grandes como para ponerlos en riesgo y por ello les indigna no sólo que no se tome en cuenta esa reforma que les costó un ojo de la cara, sino que además se sindique a la figura política que muchos de ellos han escogido como tabla de salvación para un sistema denunciado y evidenciado como una porquería.

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