Emilio Matta Saravia
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Al leer el editorial de La Hora del martes pasado, no pude más que quedarme estupefacto ante la desidia e incompetencia de nuestros congresistas, quienes hasta el día de hoy han sido incapaces de aprobar la iniciativa de “Ley Crecer Sano” que servirá para suscribir e implementar un préstamo por 100 millones de dólares con el Banco Mundial para invertir en programas que combatan la desnutrición en Guatemala.
Es inaudito que ante la gravedad del problema (1 de cada 2 niños en nuestro país padecen desnutrición crónica infantil), el evidente rezago que tenemos para enfrentar y atacar el mismo comparado con el resto de países de la región, y el costo social y económico que la desnutrición crónica infantil genera en nuestro país (la mitad de nuestra población tendrá deficiencias cognitivas y de motricidad de por vida), en el Congreso nuestros diputados se hagan de la vista gorda dilatando la aprobación de la iniciativa de ley que, según entiendo, si en 43 días no es aprobada y el convenio entre el gobierno de Guatemala y el Banco Mundial no es firmado, se perderá esta ayuda. La iniciativa, por las dimensiones del problema en Guatemala, debería ser pasada como LEY DE URGENCIA NACIONAL. Sin embargo, hasta el día de ayer, dicha iniciativa no figura ni siquiera en la agenda del Congreso.
La aprobación de la iniciativa se encuentra entrampada en el Congreso debido a que el oficialismo quiere enmendarla para incluir a la Sesan en este proyecto asignándole un 25% del mismo (¡25 millones de dólares!), quien sabe con qué fines ya que la Sesan solamente puede contratar personal. Esto demuestra claramente el nivel de deshumanización al que han llegado nuestras autoridades, quienes, con tal de repartirse el botín y los privilegios provenientes del préstamo, no les importa poner en riesgo a los casi 2 millones de niños con desnutrición crónica infantil en Guatemala.
Este año habrá elecciones donde los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir a nuestras autoridades por los próximos cuatro años. Ni uno solo de los candidatos tiene un programa de gobierno, es decir, un plan detallado con los principales ejes de trabajo, las propuestas para solucionar los distintos problemas que nos aquejan, qué objetivos se plantean, cómo los piensan alcanzar, con qué recursos y cómo los priorizarán.
Dentro de estos programas de gobierno se esperaría que prioricen el combate a la desnutrición crónica, los programas de salud y salubridad, principalmente para el área rural, la educación a nivel primario, básico y diversificado, la inversión en infraestructura y mejorar el clima de negocios para atraer capitales serios dando certeza jurídica y promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios públicos e igualdad ante la ley. Sin embargo, nada de lo anterior se encuentra en las campañas de los futuros candidatos, por lo que otra vez las promesas electorales serán eso: promesas.
La prioridad para nuestros gobernantes no son nuestros niños, tampoco nuestra juventud, ni mejorar nuestra situación económica. Su única prioridad es su propio bienestar.
