Mientras algunos han cuestionado que la nueva investigación de la CICIG sobre financiamiento electoral haya salido justo al día siguiente de que la señora Sandra Torres recibiera su credencial que le otorga inmunidad, ella ve las cosas al revés y dice que se hizo así la presentación del caso para perjudicarla. Obviamente hubiera sido más perjudicada si la capturan antes de quedar formalmente inscrita como candidata, cosa que ya no pudo ocurrir debido a que ya goza del privilegio del antejuicio.

Realmente pensamos que lejos de que el tiempo se haya escogido para hacerle más daño, la cosa es al revés porque de alguna manera resultó beneficiada por el momento en el que se presentó el caso. Según se dijo, desde ayer en diversos comentarios, el caso estaba listo desde diciembre y había sido trabajado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala pero al llegar al despacho de la Fiscal General fue retenido y la decisión de dar luz verde a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se produjo cabalmente después de que ya la señora Torres gozaba de inmunidad por su calidad de candidata presidencial debidamente inscrita en el Registro de Ciudadanos.

Pero toda esa cuestión, finalmente, no es la de mayor trascendencia, sino que lo es esta nueva corroboración de la forma en que opera nuestro sistema político y el impacto que en las elecciones tiene el financiamiento electoral que sabiamente definió Iván Velásquez como el pecado original de la democracia guatemalteca.

Lamentablemente la misma Fiscalía General decidió que sobre este caso no hubiera ninguna conferencia de prensa, lo que hace que la ciudadanía no tenga acceso completo a las pruebas presentadas para sustentar el caso. Se habló tanto del daño que hacían las conferencias de prensa cuando la verdad es que las mismas fueron una especie de acción didáctica para que la ciudadanía pudiera tener acceso a los hechos de manera clara y sin manipulaciones, escuchando de viva voz de los entes responsables los motivos para formular cada uno de los procesos.

Han circulado ya los cheques que sirvieron de fundamento a la acusación, pero no fueron divulgados en la forma que se había acostumbrado y eso genera notable falta de información que no permite a la ciudadanía tener todos los elementos para ir formándose su criterio respecto a la validez o no de los señalamientos.

Tan grave como el manejo de los tiempos resulta la orden superior para no dar conferencia de prensa en este caso, empañado por la forma en que se manejaron los tiempos.

Redacción La Hora

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