Víctor Ferrigno F.
Existen muchas razones por las que un demócrata podría estar en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero ninguna de ellas justifica la intervención militar de una potencia extranjera en Venezuela. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, horrorizada por la brutalidad bélica, la humanidad constituyó un régimen de legalidad, entorno a la ONU, para buscar la solución pacífica de las controversias, la defensa de la soberanía de los pueblos y la no intervención en los asuntos de un Estado.
La cuestión que se juega en Venezuela no es la titularidad de la Presidencia, sino la vigencia de la democracia y de la legalidad internacional, la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y el ejercicio de la soberanía por las naciones. Es decir, se dirime una cuestión civilizatoria que, si no se resuelve mediante el diálogo, nos despeñará por el abismo de la violencia fratricida y el descalabro del orden jurídico internacional.
Un problema nuevo y muy grave, es que nos encontramos inmersos en una ofensiva mediática que falsea la realidad, confunde a la opinión pública y hace imposible un debate civilizado sobre la problemática en Venezuela. Las fake news, o noticias falsas, hacen tanto daño a la convivencia pacífica como un misil.
Desde hace una semana, cada día recibo noticias falsas que anuncian que Maduro ha huido de su país, que el alto mando del Ejército apoya al golpista Guaidó, o que la Guardia Bolivariana cometió una masacre en un barrio popular. Todas mentiras crasas, pero los internautas no tienen ningún escrúpulo para difundir tales falsedades, y los seudoperiodistas las repiten hasta la náusea.
En Venezuela hay graves problemas de seguridad pública, económicos, de abasto, de hiperinflación (3,000% +) y de corrupción. Eso es innegable, pero se da igual o peor en algunos países de la región, y nadie propone que EE. UU. los invada. O sea que, a la mentira, se suma el doble rasero.
Veamos las cuestiones medulares. Nicolás Maduro fue reelecto en mayo de 2018, por el 67% de los votantes, mediante una institucionalidad y una mecánica electoral que ha sido reconocida como la más segura del mundo por el Centro Carter, y el proceso fue declarado legítimo y transparente por los observadores internacionales, incluido José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España y ex Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Hoy día, Pedro Sánchez preside el Gobierno español, proviene del mismo partido, pero encabeza las gestiones políticas para que el Parlamento y los Gobiernos europeos reconozcan a Juan Guaidó, aduciendo que la elección de Maduro fue ilegítima, sin presentar una sola prueba.
Juan Guaidó se proclamó “presidente encargado” de Venezuela, pero en la Constitución Bolivariana ese cargo no existe, ni se han dado causales legales para defenestrar a Maduro.
Solamente el 17% de los países del orbe reconoce a Guaidó; en la OEA lo respaldan 16 de 34 Estados; no logró el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, y su Secretario General sostiene que el ente mundial reconoce a Maduro.
A contra corriente, Trump y sus halcones amenazan con una invasión militar a Venezuela, pero ocultan que ese país cuenta con un ejército de 500 mil hombres, una fuerza aérea moderna, un millón de efectivos de la milicia territorial, y armamento de última generación.
Si van a la guerra y cometen crímenes de lesa humanidad, que no lo hagan alegando defender la democracia y nunca, jamás, en nuestro nombre.
