Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Tal vez el mayor aporte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fue descubrir la forma en que opera la cooptación del Estado por la vía del financiamiento electoral, fenómeno que empezó junto a la llamada Apertura Democrática cuando Angel González financió la campaña de Vinicio Cerezo, abriendo la puerta a esa modalidad que permite el control absoluto de los gobernantes desde antes de ser electos. En cada nuevo proceso el papel de los financistas fue cada vez más importante hasta adquirir la total preponderancia porque se derivó en un modelo clientelar en el que no se ganan los votos sino se compran y para ello hace falta abundante recurso económico, el cual fluye con creces. Tanto que no sólo sirve para eso sino también queda un extraordinario rescoldo que va directo al bolsillo de los candidatos escogidos por el gran capital y por el crimen organizado.
Y precisamente porque se desnudó la práctica fue que se movieron todas las piezas para garantizar la supervivencia del modelo de cooptación que les ha sido tan rentable a los políticos y a sus financistas, mediante la despenalización del delito reduciendo las penas a niveles ridículos si tomamos en cuenta el perverso daño que le han hecho no sólo a la democracia sino al país en general.
Ahora tenemos un esquema en el que se puede incurrir nuevamente en la práctica con la certeza de que, si acaso, iría al bote algún contador que ni huele ni hiede, mientras que los verdaderos operadores podrán colocar su capital tranquilamente para mantener ese férreo control que les ha permitido gozar de enormes ventajas porque todo el aparato del Estado se pone a su servicio para garantizar los privilegios que han ido obteniendo a lo largo de tantos años de cuidadoso manejo de los procesos electorales condicionando a los candidatos.
Los otros escándalos de corrupción son terribles y contribuyen al empobrecimiento de la población guatemalteca, pero ninguno es de tan graves efectos como esa forma en que se condiciona el ejercicio del poder para que sirva, específicamente, a los intereses de los financistas. Por ello es que Guatemala dejó de tener políticas de Estado puesto que toda la institucionalidad se pone al servicio de los que se convierten así en dueños del país, no sólo porque pueden hacer los meganegocios que se les ocurra sino porque, además, todo se orienta a su exclusivo beneficio. Esa es la razón principal por la que en Guatemala vemos que los índices de pobreza no sólo no se reducen sino que van en aumento, cosa que no ocurre en otros países, aún con corrupción, porque algo se hace para promover el bien común.
Hoy en día los cuestionamientos sobre el financiamiento electoral, con las reformas que fueron aprobadas, son cuestión de poca monta pero ni por ello los responsables están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos porque, en el fondo, lo que está en juego es mucho más que la posibilidad o no de un leve castigo. Lo que está en juego es la capacidad de continuar con la cooptación y en eso sí que hay demasiados intereses.
