Fernando Mollinedo C.
El choque entre poderes del Estado que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se mueven por detrás o por abajo, no sólo por la defensa de sus privilegios, sino por un desafío directo a la institucionalidad por parte del sector conservador.
Las diferencias del pensamiento conservador y liberal en el plano político del país no pasan de moda o actualidad; antes de la independencia ya se marcaban los pensamientos encasillados en esos términos, después, se acentuó esa marca ideológica que cual estigma determina la proyección social de las personas.
Estamos viviendo en una ineptocracia de primera línea en todas las esferas públicas y privadas; pues tales conflictos nos meten más, más y más hondo para jamás llegar a ser un país con libertad, en el sentido strictu de la palabra.
Los presidentes, ministros, funcionarios y empleados conservadores siempre se apegan al cumplimiento del texto de la ley, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa. Los liberales utilizan la Historia y el propósito de las leyes como una herramienta para su interpretación, lo que significa dar una mayor libertad. Un ejemplo de esto se da en los fallos de las Cortes de Justicia en el mundo, en relación con la despenalización del aborto, que, así como divide a la sociedad también divide a los cuerpos colegiados que imparten justicia.
La confrontación cotidiana entre liberales y conservadores en Guatemala es fácil de identificar pues se está realizando en las instituciones de gobierno con sus fallos, determinaciones, resoluciones y órdenes que son del conocimiento general, afectando a segmentos de la población que no tienen ideología predeterminada y la cual DEBE ser atendida por las instituciones obligadas por ley; sin embargo, política y materialmente éstas últimas favorecen a sus partidarios durante los cuatro años que ejercen el poder.
La Corte de Constitucionalidad en Guatemala es una institución que mantiene dos posiciones. La externa es la que expresa en los dictámenes y votaciones donde hay disensos y consensos, y la otra tiene que ver con la política interna, donde lo que se busca es la unidad jurídica entre los juzgadores y el compromiso con los principios constitucionales.
El que públicamente algunos empresarios conservadores admitieron haber pagado sobornos a funcionarios públicos para recibir derechos y privilegios; parecía indicar que, lo que supuestamente sería una noticia bomba por ser algo deshonesto, inmoral e ilegal, terminó por no sorprender a nadie y aparentemente la población lo tomó como una mancha más al tigre, provocando la decepción y desengaño por dicha confesión que contrapuso lo cacaraqueado por el sector empresarial con la verdad aceptada.
Lo anterior no fue un asunto menor, pues la falta de vergüenza y descaro al aceptar que existieron incalificables actos de corrupción en ese gremio, tomó dimensiones surrealistas cuando nos enteramos de que reclaman respeto y honestidad. Y cual apología del cinismo, sólo falta que digan tener derecho a una indemnización por los daños recibidos.
