Según el peregrino criterio de la flamante Canciller de Guatemala, tanto la Organización de Estados Americanos como la Organización de Naciones Unidas deben callar ante los abusos de Nicolás Maduro, en Venezuela, porque esas entidades internacionales están al servicio de los Estados miembros y quien tiene la representación legal de Venezuela es quien sucedió a Chávez al frente de ese país. Maduro tiene tanta autoridad como la que tiene Morales en Guatemala aunque los dos hayan socavado el Estado de Derecho y la institucionalidad.
Con el agravante, en el caso de Morales, que él está desconociendo un acuerdo suscrito con todas las formalidades y requisitos por el Estado de Guatemala con Naciones Unidas. La reunión que hoy tendrá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el caso de Venezuela se regirá por las normas que establecen las facultades de ese Consejo en la búsqueda del mantenimiento de la paz, pero en el caso de Guatemala, nuestro país decidió de forma soberana suscribir un acuerdo para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que, una vez aprobado y ratificado como corresponde hasta por el mismo Congreso, pasó a ser ley en nuestro país y por lo tanto compromete a los sucesivos gobiernos a respetarlo.
Pero resulta que según la Canciller, los organismos internacionales están al servicio de los caprichos de los gobernantes y tienen que atenderlos sin chistar ni, mucho menos, invocar alguna norma que a ella y a su Presidente no le gusta, como es el acuerdo de creación de la CICIG.
El caso de Venezuela es uno de los tantos que demuestra que no existen soberanías absolutas como la que esgrimen en Guatemala los beneficiarios de la Dictadura de la Corrupción. Olvidan que la verdadera Soberanía radica en el pueblo, pero que se pierde cuando su delegación está viciada por la forma en que ha sido cooptado el Estado por lo que en Guatemala ha devenido en un concepto vacío, carente de contenido por los acuerdos que bajo la mesa hacen políticos y financistas no sólo para ganar las elecciones, sino para repartirse el pastel.
La soberanía que urge recuperar es la que radica en el pueblo que ha sido mangoneado por los cooptadores del Estado y esa sí que es tarea y asignatura pendiente porque mientras persistan las regulaciones actuales, que han despenalizado el financiamiento ilícito, seguiremos viendo que el soberano no es el pueblo sino los que actúan como dueños del país gracias a la forma en que logran el control de la corrupta clase política.
