Roberto Arias
En artículo anterior fui enfático al decir que el golpe de Estado asestado en 1954 de una manera sucia y traicionera por los políticos gringos, la CIA y el Ejército, argumentando la mentira del comunismo fue lo que instaló la abierta y descarada corrupción en Guatemala, especialmente dentro de los gobiernos en confabulación con las cúpulas económicas. Esta descarada corrupción implantada por los gringos fue la que se ubicó y se desarrolló como una bestia dinosáurica que, en 65 años se tragó a la República, hasta llegar a los extremos de la cuasi absoluta descomposición socio-político-empresarial actual.
Las Naciones Unidas y algunos países donantes, como limosna, hacen anuales aportes técnicos y económicos para acabar con la pobreza y el resto del eterno bla, bla, bla.; pero Guatemala ha seguido peor a través de las décadas, debido precisamente a la corrupción que existe institucionalmente y los beneficios económicos no logran sus objetivos por esa misma razón. Así las instituciones se han debilitado y el statu quo nacional es lo único prevalente. La institucionalidad con sus miles de empleados… no quiere funcionar.
Guatemala dispone de uno de los marcos institucionales más avanzados en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala en su Artículo 1 dice: “Toda persona tiene derecho a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”.
La Constitución Política de Guatemala desde 1986 protege los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna, y reconoce la prevalencia del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. Pero en Guatemala la protección jurídica es insuficiente y ni la Corte de Constitucionalidad (CC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) o los tribunales ordinarios han protegido hasta la fecha esos derechos contra las violaciones.
En 2005 Guatemala fue el primer país de América Latina que adoptó una ley Marco sobre el derecho a la alimentación: la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y en desarrollar una política nacional sobre seguridad alimentaria; pero… ¿Ha funcionado?
Pues la gente sigue muriendo de hambre mientras esa burocracia se mantiene estática, gastando tiempo e insumos pagados por los contribuyentes que pagamos impuestos directos e indirectos.
Quienes trabajan en los ministerios e instituciones afines son guatemaltecos y desgraciadamente los hechos confirman que muchos, desgraciadamente son también coadyuvantes al despeñadero de nuestro país hacia el precipicio.
“¿¡Y qué!?” Diría con desaire “la Chonita”, quien trabaja en cualquiera de las instituciones responsables del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, agazapada, esperando su jubilación.
Continúa.
