Raúl Molina
Hace unos días circuló por las redes sociales una amenaza contra defensoras y defensores de los derechos humanos, sindicándonos de “criminales izquierdistas”. El material tiene el sello de “inteligencia militar”, ya sea la que fuera responsable de identificar y asesinar a cientos de miles de connacionales durante el Conflicto Armado Interno -justamente hoy se conmemora el cuadragésimo aniversario del ataque militar que segó la vida de Alberto Fuentes Mohr, quien ante las violaciones de derechos humanos no se inmovilizó nunca- o la “no inteligencia” que ahora maneja las mentiras de la Dictadura de la Corrupción, por medios de comunicación social y redes sociales. La lista que circuló, con poco más de cien fotos, fue creada y distribuida de manera siniestra, al tiempo que un grupo de militares retirados y sicarios acosaba a Helen Mack en un restaurante capitalino. El objetivo del bien financiado grupúsculo es infundir temor en las personas, todas capaces y valiosas, que hemos asumido el compromiso de defender los derechos humanos. Por ser un compromiso de vida, enfrentamos el terror con la verdad y nunca dejaremos de brindar solidaridad a quien la necesite. Entendemos las preocupaciones de familiares y amistades que se comunicaron de inmediato para trasladarnos la información. Personalmente, por aparecer mi foto en el cuadro, he sugerido no asustarse, porque la impunidad total de la que gozaban los “escuadrones de la muerte” en tiempos pasados no existe ahora. Ni siquiera Donald Trump, que cree poco en la doctrina de derechos humanos, se atrevería a autorizar que nuevamente se nos matara por nuestras ideas y acciones consecuentes.
Es esencial, sin embargo, oponernos con energía al intento de modificar la Ley de Reconciliación de 1997, para introducir una amnistía general para los militares y paramilitares que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tales como el genocidio, la tortura, las masacres y la desaparición forzada. Esto sí permitiría a los cientos de esbirros que formaron parte de los equipos asesinos reestructurarse, con libertad, y actuar al amparo de la impunidad contra quienes estamos decididos a dejar el “terrorismo de Estado” fuera de la vida nacional y respetar la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas en el territorio nacional. Sabemos que esta iniciativa es absolutamente inconstitucional e ilegal, así como contraria al espíritu y la letra del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, y que sería rechazada rotundamente nacional e internacionalmente. Los crímenes que se quieren amnistiar son imprescriptibles y de jurisdicción universal, por lo que las personas responsables de perpetrarlos pueden ser juzgadas en cualquier parte del mundo y en todo momento. La cultura de la corrupción y la impunidad que el Poder Ejecutivo y parte de los Poderes Legislativo y Judicial están promoviendo da margen, en sí misma, al delito de tolerar y promover la criminalidad. Quienes apoyen estas reformas en el Congreso asumen ser corruptos e impunes. Es obligación de la ciudadanía pararlos y, de ser necesario, clausurar ya el Congreso.
