Escuchar a los expertos siempre es bueno cuando hay controversia y pocas del calibre de la que vivimos en Guatemala con la actitud de quienes no acatan ni respetan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y además acusan penalmente a sus miembros. Es, sin duda, un conflicto legal de gran envergadura que amerita tomar en cuenta la opinión de los profesionales más capacitados y ayer tuvimos un pronunciamiento de varios de los más respetados miembros de nuestro foro por su experiencia, capacidad y dedicación al estudio de los temas jurídicos y constitucionales.
Los juristas destacan en su exposición el carácter ilegal de la denuncia presentada por los que se hacen llamar Dignatarios de la Nación, aunque anden recibiendo oscuras donaciones que ponen en seria duda esa “dignidad”. El punto toral está en que una ley de rango constitucional, La Ley de Amparo, establece clara, llana y precisamente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio del cargo y por lo tanto es obvia la ilegalidad de la acción promovida en contra de tres de ellos por haber votado a favor de resoluciones que no han sido del agrado del pacto de los corruptos.
Antes que estos juristas lo han dicho muchas personas pero en medio de la artificial polarización que se ha creado en el país, aún los razonamientos más sólidos son puestos en tela de juicio bajo argumentos que tienen más que ver con cuestiones ideológicas y se cuestiona hasta la verdad meridiana dependiendo de quién la dice. Pero este conjunto selecto de juristas no se puede encasillar en ningún marco ideológico por la diversidad de pensamientos políticos que hay entre ellos, pero los une la necesidad de asegurar y exigir el debido cumplimiento de la ley y el respeto al orden constitucional del país que se ve seriamente amenazado por el manotazo que pretenden dar los “dignatarios”, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, debidamente aconchabados para destruir todo vestigio de la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Un conjunto de juristas que no actúan por intereses políticos sino movidos únicamente por la necesidad de asegurar el imperio de la ley se convierte en un faro orientador en medio de tanta basura que hay en el debate actual sobre la realidad del país. Incuestionables sus credenciales académicas como serios y reconocidos profesionales del derecho, su voz viene a ser una especie de bálsamo para que hasta los más baturros entiendan una cuestión de principio jurídico. La Hora publica hoy textual el pronunciamiento.
