Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En los estatutos de la Asociación de Dignatarios de la Nación, esperpento formado por los exconstituyentes con la intención de gozar de por vida de los privilegios de los diputados, no se contempla la facultad para iniciar acciones penales en contra de magistrados de las Cortes del país. Como lo que perseguían era preservar derecho a portación de armas y hasta de franquicias para importar vehículos, que en aquellos tiempos beneficiaban a los diputados, pusieron que la Asociación se formaba para que quienes redactaron la Constitución gozaran vitaliciamente de la calidad de dignatarios, encargados de promover y defender la Constitución que habían aprobado.
A lo largo de los últimos años por intereses personales ha habido una seria disputa en cuanto a la Junta Directiva y se han formulado señalamientos de diverso calibre en contra de los que actualmente representan a la Asociación. Hasta allí todo era un pleito interno que no tenía ningún efecto ni interés para la opinión pública, por mucho que con fondos públicos funcionara la entidad en instalaciones del Congreso de la República.
Los constituyentes están llamados a conocer, como mínimo, las normas que ellos mismos aprobaron y entre ellas está la Ley Constitucional de Amparo, Hábeas Corpus y Constitucionalidad, en la que se establece con meridiana claridad que los juzgadores no pueden ser perseguidos por las opiniones que sustenten los fallos dictados. Que cualquier ignorante de los asuntos legales, como el presidente y vicepresidente de la República, se atrevan a calificar de ilegales las resoluciones vinculantes de la Corte de Constitucionalidad se explica, aunque no se acepte, por su misma ignorancia. Pero que quienes aprobaron esas normas y establecieron como mecanismo supremo de control de la legalidad a la CC se suban al mismo carro, es en verdad aberrante.
Si a ello sumamos la especial “coincidencia” de que la denuncia contra los magistrados de la CC se produce casi inmediatamente después de haber recibido una donación de 600 mil quetzales, de la cual nunca informaron a los miembros de la Asociación, todo cobra una absoluta claridad. El día de su conferencia de prensa, cuando el reportero de La Hora preguntó sobre esa jugosa donación que les hizo el Congreso, se les vio la cara de babosos sorprendidos a los comparecientes que balbucearon para responder, diciendo que no habían recibido dinero pero que tal vez en el futuro podría haber algún aporte. Mentira descarada, porque ya Contabilidad del Estado reportaba el desembolso de esos cientos de miles de quetzales en beneficio de los autonombrados dignatarios.
Todo eso confirma el carácter espurio de la denuncia tramitada con celeridad por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso de la República. En el caso de la CSJ es gravísimo que los miembros del más alto Tribunal muestren su irrespeto, porque no pueden alegar desconocimiento, de la norma precisa y clara que protege a todos los juzgadores que no pueden ser perseguidos ni acusados por las opiniones vertidas en sus resoluciones.
Pero como vivimos en un país donde los patos le tiran a las escopetas, los indignos exconstituyentes, a quienes me resisto tratar como dignatarios por mucho que lo diga el decreto, tiran el hueso al ruedo para festín de los perros.
