Mynor Alejandro Alonzo Mencos
Hace 17 meses que las estructuras criminales que mantienen cooptado el gobierno trabajan descaradamente y a marcha forzada por la restauración total de su modelo corrupto y de impunidad. Aunque han logrado avances visibles y a todas luces preocupantes; la maquinaria de terror, conflicto y represión no ha respondido a la velocidad y forma que acostumbraba durante el siglo pasado.
La Guerra Fría dio a las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX (respaldadas por las oligarquías coloniales y la paranoia de EE. UU.) el ambiente perfecto para someter a la sociedad guatemalteca a una cultura de miedo y silencio como único mecanismo de sobrevivencia ante las estrategias de terror y muerte que buscaban aniquilar a cualquiera que se mostrara inconforme con la manera en la que se hacían las cosas.
A lo interno del país esto fue posible gracias a la consolidación del concepto enemigo interno como articulador del interés de las élites económicas, el conservadurismo de las comunidades adoctrinadas por las iglesias pentecostales y el salvajismo de un ejército sumergido en un discurso de odio sin mayor fundamento que el defender la patria del criollo.
Desde que Jimmy Morales declaró non grato a la CICIG en agosto 2017, el #PactoDeCorruptos se ha encargado de estimular de forma constante y precisa las heridas sociales en las que se anidó la guerra interna (para algunos inconclusa por presiones internacionales), buscando generar un ambiente de confrontación que le permita condiciones para arrollar con cualquier compromiso político y legal que sostuviera la independencia de las investigaciones por corrupción.
Sin embargo, a pesar del éxito obtenido hasta ahora, aún están lejos de hacer sostenible su esfuerzo de impunidad.
El contexto mundial y la cultura guatemalteca han cambiado sustantivamente de 1985 a la fecha. Esto ha obligado al gobierno a realizar constantes ajustes en sus discursos y estrategias, avanzando forzadamente, pero dejando profundos vacíos que agrietan sus deseos dictatoriales.
Los contantes despidos, asensos inesperados y contradicciones dentro de diversas instituciones de gobierno como el Mineduc, la PNC, el Minex e incluso el Ejército exponen un fuerte disenso institucional.
La correlación de fuerzas lograda en las últimas semanas para expulsar a la CICIG a toda costa fue articulada en función a una amenaza externa. Ahora, para hacer sostenible la restauración total de su impunidad, deben reconstruir en el imaginario social al enemigo interno. Por eso los últimos días ha arreciado las campañas de confusión y difamación hacia activistas, intelectuales y periodistas que nos mostramos en desacuerdo con los disparates de la #AlianzaCriminal.
Es momento de dejar descansar el debate sobre CICIG y aprovechar las abundantes pruebas que sus investigaciones levantaron. Es momento de mostrar que la lucha no es contra el soldado raso, el cristiano dogmático o el policía de a pie; la verdadera lucha es contra las élites empresariales, militares, religiosas y políticas que construyeron con engaños un paraíso de impunidad y hoy se niegan a soltarlo.