Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Quienes están preocupados y actuando de manera activa (con el apoyo de quienes de manera pasiva dan su beneplácito pero buscan quedar en la oscuridad) han venido ejecutado acciones orquestadas de manera integral para dar el golpe al orden Constitucional y por eso es que han centrado sus baterías en la Corte de Constitucionalidad (CC) a pesar del costo que eso significa para el país, su Estado de Derecho y la misma democracia.
Y por ahora, solo por ahora, sus acciones les han rendido sus frutos. Han forzado que los mandatarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no puedan presentarse a los juicios lo que ha facilitado que empiecen a separarlos de los casos (como en el caso de los Morales), han forzado que el apoyo humano que mandó Argentina se haya retirado ante la falta de garantías, han quitado carros a los investigadores, permisos para portar arma a los agentes de seguridad y todo en clara ilegalidad porque desobedecen a la CC.
Además, avanzan en su esfuerzo por acallar y encarcelar de manera ilegal a los tres magistrados de la CC que han defendido el orden Constitucional y el Estado de Derecho, gracias a los nefastos acuerdos de los tres poderes del Estado, que se han coludido para asegurar que el nuestro sea un Estado soberanamente impune, cooptado y eternamente inoperante para las mayorías pero eficiente para las minorías.
Cínicamente, Arzú Jr., Jafeth Cabrera y ayer el Procurador General de la Nación hacen alarde de sus incumplimientos a la CC muy confiados de que sus acciones no tendrán consecuencia alguna, porque en la misma Corte, los aliados de esos que creen en la soberana impunidad, hacen hasta lo imposible por evitar que la ley se aplique (por eso ni convoca) y por ende, evitan que se amparen como manda la norma y como lo dicen exmagistrados (Rodolfo Rohrmoser, Alejandro Maldonado) y Gabriel Orellana. Trabajan para evitar la correcta aplicación de la ley porque saben que si eso pasa, los atacantes van a tener que enfrentar la ley, tal y como dijo, Jimmy Morales.
La CC debería amparar a los tres magistrados, declarar ilegal el acuerdo de Morales por el que pretende de manera burda expulsar a la CICIG, así como conocer las acciones en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), procediendo, además, a certificar los conducente contra quienes desobedezcan, e incluso, aplicarles la ley como a Bienvenido Argueta, quien fue destituido por no acatar las resoluciones del máximo órgano constitucional.
Sin duda alguna, el ataque de los amigos de la impunidad ha sido bestial y ha generado cierta pasividad de los demás sectores que intentan contener el ataque el Estado de Derecho; se entiende que las cosas no están fáciles, pero no hay mañana y por ende, es necesario que mostremos nuestro apoyo a la CC, a sus magistrados que han defendido y defenderán el orden Constitucional y de esa manera acompañemos su actuar en un momento que son el eslabón del que depende todo un país.
Si la CC da el paso y no se cumple lo que resuelva (como ya sabemos que será), la estafeta pasará a Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) y tal y como ella ha ofrecido, tendrá que aplicar la ley si de verdad deseamos evitar pasar de ser una frágil democracia a una sólida dictadura.
