Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Emilio Matta Saravia
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Luego de haber expulsado a la CICIG del territorio nacional, y del informe que el presidente Jimmy Morales rindió ante el Congreso de la República el pasado 14 de enero, donde destacó como uno de los logros de este gobierno “…la lucha contra la corrupción y la modernización del Estado…”, resaltando, entre otros, la aplicación de la normativa ISO 37001:2016 (Sistemas de gestión antisoborno) en la Secretaría General de la Presidencia.

En primer lugar, le consultaría al señor Presidente si dicha “aplicación” fue una certificación que un ente calificado en ISO realizó a dicha Secretaría, de lo cual debe existir amplia documentación, ya que una certificación ISO no se entrega solo porque sí. Además, el ente certificado debe cumplir con varias etapas de calificación y seguimiento para diseñar e implementar un “sistema de gestión” que es el conjunto de elementos en una organización que incluye políticas, objetivos y procesos orientados a lograr dichos objetivos. Por último, toda la documentación relacionada a esta certificación ISO debería ser pública, ya que el ente que va a ser certificado es público, no privado. Debería conocerse si existió una licitación de entes certificadores, de cuánto fue el monto pagado al ente certificador y cuál fue el resultado de dicha certificación, incluyendo las inconformidades y las recomendaciones, ya que las mismas deben ser solventadas en un plazo determinado, so pena de perder la certificación, dependiendo de la gravedad del caso. A eso se le llama transparencia.

Independientemente de lo anterior, ahora que lograron expulsar a la CICIG y finalizar el acuerdo en septiembre de este año, pregunto: ¿Qué propone nuestro gobierno para combatir la corrupción? ¿Existe un plan? ¿Van a certificar en ISO 37001:2016 a todo el gobierno? ¿Cuánto nos va a costar eso a los contribuyentes? ¿Van a transparentar de verdad (no la pantomima del presupuesto abierto), tanto la elaboración del Presupuesto General de la Nación, así como su ejecución? ¿Qué van a hacer y cómo lo van a ejecutar? Ya que supuestamente la lucha contra la corrupción es un tema central de este gobierno que tiene “Cero Tolerancia a la corrupción”, extremo que no se ha visto en la práctica, más bien, todo lo contrario.

Es muy importante que como ciudadanos cuestionemos y exijamos a nuestros gobernantes que aborden estos temas tan cruciales con la seriedad del caso para asegurarnos que el Estado cumpla con sus fines esenciales, que deberían ser garantizar el derecho a la vida, a la nutrición, a la salud, a la educación y a la seguridad de todos los habitantes y no sirva solamente para beneficiar a un pequeño grupo de personas y sus allegados.

Hasta el momento, ni un solo gobierno de la mal llamada “era democrática” ha demostrado con hechos estar comprometido con la transparencia y con el combate a la corrupción (el papel y el micrófono aguantan con todo). Ni uno solo. El actual gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de romper ese perverso esquema y no lo hizo. ¿Lo romperá el siguiente?

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