Francisco Cáceres Barrios
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Hace doce años expresé en esta misma columna mi oposición a la llegada de la CICIG a Guatemala. Temía la pérdida de nuestra soberanía, la intromisión de entidades ajenas en los asuntos internos y desconfiaba de su eficacia, como de sus buenos resultados. No era el único con ese criterio y los dos primeros comisionados siguieron dándome la razón, sin embargo, los cambios habidos con la llegada de Iván Velásquez y el apoyo que recibió de la Fiscal General Thelma Aldana, fueron cambiando paulatinamente mi opinión, hasta el punto de comprobar que una entidad propia no podía haber hecho mejor el trabajo de combatir la corrupción e iniciar el proceso de erradicar la impunidad en nuestro país. Claro, todo ello no significó lograr la perfección o que no se cometieran errores pero, ninguno tan grave que lograra alterar mi criterio.
Ahora, que han aparecido negros nubarrones que presagian su retiro, no pasa un solo día sin que deje de pensar sobre cuál va a ser nuestro futuro, pues aun estando el Comisionado presente en el país, como contando todavía con el apoyo del MP, las actuales autoridades han seguido haciendo gala de una de las peores administraciones públicas jamás vistas, aumentadas con una descarada corrupción. Por ello pregunto: ¿Qué vamos a hacer sin la CICIG? Sabido estoy que ejemplos abundan para fundamentar mi temor, pero hasta mi mesa de trabajo llegaron los detalles de lo que ha venido sucediendo con la construcción de las casas que el gobierno de Jimmy Morales ofreció a las víctimas de la reciente erupción del volcán de Fuego, fracaso que bien vale la pena traerlo a cuenta.
Sin siquiera haber levantado un censo, aunque fuera empíricamente, el gobierno ordenó construir mil casas con ese fin, como si su costo fuera de unos pocos centavos y habiendo suscrito el contrato de adjudicación desde julio del año pasado, estas son las horas que no han terminado ni una sola. Con esto más, a los damnificados jamás se les ha preguntado su parecer, sus necesidades, sus requerimientos mínimos. Sin embargo, aunque usted no lo crea, como el trámite administrativo requiere de la aprobación del respectivo Cocode, hasta ese preciso momento se le habló a los futuros beneficiados, resultando que para ellos no era de su satisfacción, pues las viviendas no satisfacen los requerimientos mínimos para sus familias de un mínimo de cinco integrantes, ni tampoco se cuenta con un terreno aledaño, el que resulta imprescindible, puesto que la mayoría de ellos depende de la agricultura, la que les proporciona no solo la mayoría de alimentos, sino de ahí obtienen la producción que aportan, bajo el régimen cooperativista para obtener los ingresos necesarios para su subsistencia.
¿Qué decir de la sobrevaloración? A simple vista, el proyecto tiene casi Q29 millones superiores sobre su valor real. Todo ello, resulta preocupante si se quiere combatir la corrupción, como para un efectivo beneficio social.
