Mynor Alejandro Alonzo Mencos
Sería ingenuo pensar que las cámaras empresariales aglutinadas en CACIF ya no ostentan el poder hegemónico en Guatemala, pero también es innegable que las investigaciones de CICIG y el respaldo que las cámaras han dado a los desacatos del Gobierno para mantener su impunidad expusieron la putrefacción de una organización que perdió toda ética social y legitimidad gremial.
Según su página web el CACIF surge en 1957, apenas tres años después del rompimiento de un gobierno democrático producto de un proceso social que tardó décadas en construirse; todo por defender los intereses económicos de la época justificándose en la paranoia de la Guerra Fría.
Quizá eso ayuda a entender la facilidad que tuvieron hace una semana para respaldar la conducta autoritaria del Gobierno que deteriora la Democracia y el Estado de Derecho con tal de defender el statu quo.
Las cámaras empresariales han de ser las instituciones gremiales menos democráticas y de menor representación que existen en el sistema político guatemalteco; la escasa rotación de poder real en la dirigencia y la falta de interés por integrar a las pequeñas y medianas empresas a los debates que definen sus posturas políticas como sector son muestra de ello.
Desde su surgimiento, CACIF se ha conducido en la política como si Guatemala entera fuera su finca, y han contratado a los peores capataces posibles para que les aseguren condiciones desde las instituciones de gobierno para continuar aplicando su modelo disfuncional.
La hegemonía política que mantiene CACIF se fundamenta en el poder de comprar voluntades con la riqueza acumulada a través de un modelo económico que fomenta la explotación insostenible de personas y recursos naturales, el establecimiento de oligopolios en las principales actividades productivas y el condicionamiento a un gobierno que mantiene presencia únicamente en los lugares, momentos y enfoques que grandes empresarios le indican o permiten.
El gobierno de Jimmy Morales utiliza medios de comunicación corruptos como los de Albavisión, VEA canal y netceners para difamar protestas y criminalizar activistas que hemos manifestado contra sus acciones ilegales y autoritarias, situación potencializada con la complicidad sector empresarial que ha retirado docenas de millones en pauta publicitaria a medios de comunicación que cubrían manifestaciones ciudadanas desde 2015, ahogándolos económicamente.
Sin embargo, las manifestaciones ciudadanas se muestran cada vez más articuladas y crea discursos cada vez más claros. Una nueva generación de activistas estamos organizando manifestaciones pacíficas vinculadas a causas sociales históricas; disputando la interpretación de la realidad a través de redes sociales y medios de comunicación independientes.
Con sus acciones, las cámaras empresariales están sosteniendo el sistema obsoleto que ellos mismos crearon para enriquecerse. Aunque aún puede morder, la verdadera bestia de la impunidad está expuesta; es momento de construir alianzas amplias, diversas y democráticas (incluyendo empresas transparentes que entiendan el concepto de bien común) para escribir el acta de defunción de CACIF.
