Marco Tulio Trejo Paiz
El combate a la corrupción ha sido un tema que ha provocado un enfrentamiento nunca visto entre la sociedad guatemalteca, hasta el punto que las personas se enfrentan verbalmente en las calles, lo cual avizora un panorama político muy complicado para las elecciones generales que se avecinan en el país.
Los guatemaltecos se han enfrascado en defender causas ajenas, unos en favor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y otros en contra, lo cual ha desatado una lucha política-jurídica que únicamente está dejando enfrentamientos entre la misma población.
La pugna ha involucrado a todos los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde se ha mantenido una pugna entre las entidades públicas que deben de velar por el cumplimiento de las leyes y el desarrollo social y económico de la sociedad guatemalteca.
En los últimos días se han dado acciones de parte del Ejecutivo para dejar sin efecto el acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), que dio vida a la CICIG, pero la respuesta del ente internacional es que Guatemala debe respetar la fecha para el funcionamiento de la comisión que fue instaurada para apoyar el trabajo del Ministerio Público (MP), en el combate de la corrupción.
Estas acciones han motivado, que otros entes e integrantes de la sociedad civil se involucren en el proceso de sí se debe ir la CICIG o sí debe continuar hasta la fecha estipulada, donde el gobierno ha anunciado prematuramente que no va aprobar la prórroga, según las palabras del presidente Jimmy Morales, contraviniendo la postura que mantenía antes, de que fuera investigada su familia, por un supuesto acto de corrupción en el Registro de la Propiedad.
Toda esta maraña ha llevado a que los entes sociales presenten recursos de recursos para que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), analicen si las decisiones presidenciales no contravienen la Constitución Política de la República y cuyas resoluciones han dejado sin efecto los exabruptos del Ejecutivo, porque en el análisis estiman que contravienen tanto la Carta Magna como los tratados internacionales.
Este tira y encoge ha llevado a que los bandos en disputa, tomen acciones encaminadas a contrarrestarse unos a otros, dejando en medio una población que pide que continúe la lucha contra la corrupción que ha permitido que más de 400 estén siendo procesados por diversos delitos, supuestamente, por haberse apropiado de fondos del Estado, provenientes de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos, los cuales deberían de servir para inversión pública en salud, educación e infraestructura.
Pero lo más delicado de todo esto es que los grupos en discordia se acusan mutuamente, de que unos no cumplen con las resoluciones judiciales y los otros de que quieren derrocar al gobierno de Jimmy Morales, por medio de argucias políticas que nos llevarían a convertirnos en otra Venezuela o bien una Nicaragua, donde reinan dictadores.
Esto es lo que no debemos permitir los guatemaltecos, debemos de velar porque se mantenga un Estado de Derecho y que no se vulnere el orden constitucional, tanto de un lado como el otro, porque afectaría, aún más la incipiente democracia que vivimos y que durante nueve gobiernos nos han mantenido sumidos en actos de corrupción, que afectan a toda una Nación, que está cansada de este tipo de hechos, que solamente ha dejado nuevos ricos, quienes han llenado sus bolsillo a costa de los impuestos del pueblo.
