Factor Méndez Doninelli
En esta hora de incertidumbres, confrontaciones, desasosiegos y crisis institucional por la que atraviesa la sociedad y la Patria, gobernantes y gobernados debemos asumir una conducta de madurez, de cordura, de defensa del Estado de Derecho y de la incipiente institucionalidad democrática que está en proceso de construcción.
Otra vez, Guatemala está sumida en una crisis institucional de consecuencias graves e impredecibles para el país y la sociedad. Las reiteradas acciones, unas ilegales y otras desesperadas del actual Gobierno oligárquico, militar y neoliberal relacionadas con la necedad de atacar y obstaculizar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala CICIG, amenazan la incipiente institucionalidad democrática de esta Nación.
La crisis se agudizó por la detención ilegal y arbitraria del investigador de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga, quien el sábado 5 de enero de 2019 fue retenido 26 horas en el aeropuerto guatemalteco por disposición de funcionarios de Migración, quienes le negaron el ingreso en abierto desacato a la Corte de Constitucionalidad máximo órgano de control constitucional, que ya había resuelto que los funcionarios de CICIG no tenían ningún impedimento para ingresar al territorio nacional. El ingreso del citado funcionario, enfureció a altos funcionarios del Gobierno y a sus aliados del Pacto de Corruptos, por lo que, el mandatario Jimmy Morales unilateralmente decidió terminar el convenio que dio vida a la CICIG suscrito con la Organización de las Naciones Unidas ONU.
La decisión gubernamental fue rechazada por António Guterres, Secretario General de la ONU, quien ratificó que la CICIG continuará su trabajo hasta el 3 de septiembre del año en curso, fecha en que vence el mandato y advirtió que la decisión del Gobierno guatemalteco viola acuerdos comunes y normas internacionales del derecho de Tratados, lo que para algunos juristas nacionales e internacionales se interpreta como un quebrantamiento al orden institucional y a los compromisos del Estado.
Unos y otros sabemos lo que se repite hasta la saciedad, “nadie es superior a la Ley”, significa que todos, gobernantes, autoridades y habitantes debemos respetar el imperio del Derecho y la Ley. Debemos acatar las resoluciones emitidas por los Órganos Jurisdiccionales, nos guste o nos disguste, pero jamás desobedecer como lo pretende hacer el Poder Ejecutivo, porque entonces, se quebranta el orden jurídico y sus instituciones, se desnaturaliza el carácter democrático del sistema, se debilita la institucionalidad y se confronta aún más a la sociedad, misma que hoy ante la actual crisis aparece polarizada.
Vale recordar que, los altos funcionarios del Gobierno y del Estado deben velar por los intereses nacionales, pensando en el país y el bienestar común de sus habitantes. Que deben abandonar sus intereses políticos y económicos personales, actuar con responsabilidad y sensatez en consecuencia con los intereses nacionales, que no son precisamente los que defienden el Pacto de Corruptos.
Con respecto a la ciudadanía, le toca defender el Estado de Derecho, consolidar la lucha contra la corrupción e impunidad y de ser necesario, ejercer el derecho a la resistencia, tal como lo garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 45, último párrafo que dice: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución.”
