Claudia Escobar
claudiaescobar@alumni.harvard.edu
El 2019 será un año de enormes desafíos para Guatemala. El primer fin de semana de enero, los guatemaltecos vimos un despliegue desmedido de la Policía Nacional Civil en el Aeropuerto La Aurora, con el fin de impedir el ingreso de un investigador internacional que labora para la CICIG e impedir la labor del Ministerio Público.
Luego el lunes por la tarde, la ministra Jovel anunció en Naciones Unidas la intención de dar por terminado de forma unilateral y anticipada el acuerdo que da vida a la CICIG, culpando al Secretario General de la ONU de la actitud que asume el Gobierno de Guatemala. Esa misma tarde, el presidente Morales realizó una patética conferencia de prensa, donde respaldaba las gestiones de la canciller. Ambos funcionarios manifestaron su rechazo a la Corte de Constitucionalidad, argumentando que sus resoluciones son contrarias a la ley y que la CC se excede en sus atribuciones.
La Corte de Constitucionalidad ha dictaminado que se debe permitir el trabajo de la Comisión –sin interferencias–. Al hacerlo la Corte actúa en cumplimiento de sus atribuciones; la Constitución y la Ley de Amparo la facultan para conocer de todos los temas que conciernen al poder público, ese es el fin y propósito del Amparo.
No es una sorpresa para nadie que el mandatario pretenda terminar con la Comisión, pues esta le investiga a él, a su familia y a muchos de sus aliados. Hace meses él anunció que no prorrogaría el acuerdo y por tanto en el mes de septiembre de este año la Comisión debía marcharse del país. ¿Entonces por qué tanta prisa por sacar a la CICIG en 24 horas?
Mi opinión es que la verdadera intención del Presidente y su Gabinete es crear un enfrentamiento entre las instituciones del Estado. Más allá de terminar con CICIG, al Ejecutivo le interesa debilitar a las instituciones de justicia nacionales e impedir que se continúe con las investigaciones de casos de corrupción.
En cualquier lugar del mundo, donde se respeta el Estado de Derecho, sería impensable que la policía se enfrente con el Ministerio Público; ningún funcionario dudaría en obedecer una resolución judicial; tampoco saldría la cúpula empresarial a respaldar los desaciertos de un presidente. Pero Morales y sus ministros, con respaldo de sectores poderosos que se benefician de la impunidad, están empañados no solo en paralizar el trabajo de la CICIG, sino que usarán de todos sus recursos para impedir que se cumpla la ley.
Porque en Guatemala los grupos de poder están acostumbrados a usar de las instituciones a su antojo; no entienden sobre los límites del poder, ni les preocupa cumplir con la ley. Piensan que la justicia está a su servicio y cuando no les gustan las resoluciones de los jueces, los remueven o sencillamente ignoran sus sentencias.
Para salir de la edad feudal y construir un país que promueva el desarrollo, tenemos que aprender a respetar las instituciones, entender lo que significa Estado de Derecho y aceptar que nadie es superior a la ley.
