Jorge Morales Toj
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Era de esperarse que el gobierno de Jimmy Morales diera su último zarpazo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde que las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y del Ministerio Público alcanzaron directamente a su hijo y su hermano y luego a él por el tema del financiamiento electoral ilícito se evidenció que haría todo lo que estuviera a su alcance para obstruir y deshacerse de la CICIG.
La cronología de los hechos está a la vista: declaratoria de non grato al Comisionado Iván Velásquez, prohibición del ingreso del Comisionado, denegatoria de visas a funcionarios de CICIG, prohibición de ingreso a territorio nacional a investigadores y retención e intento de expulsión de un investigador de CICIG. Todas esas acciones han sido revertidas mediante acciones legales de distintos actores ante el sistema de justicia constitucional.
Jimmy, mediante el Acuerdo Gubernativo 2-2019, pretende dar por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo a la creación de CICIG aprobada por el Congreso de la República mediante el decreto número 35-2007. Asunto que está sometido al conocimiento de la honorable Corte de Constitucionalidad mediante varios recursos de amparo y varios recursos de inconstitucionalidad.
Atendiendo a los principios de jerarquía y supremacía constitucional, principios de legalidad y juridicidad seguramente la honorable Corte de Constitucionalidad una vez más, le enmendará la plana a Jimmy Morales y a su gobierno y asegurará el respeto al Estado de Derecho.
No haré un análisis jurídico explícito de dicho acuerdo gubernativo, pero si señalaré un par de aspectos que hace carente de validez jurídica dicho acuerdo y es que en coherencia con el principio de jerarquía y supremacía constitucional ningún acuerdo gubernativo puede estar por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala y por encima de un tratado internacional de derechos humanos.
Otro aspecto que llama la atención y que seguramente será sometido al análisis donde corresponda, es que la Ministra de Relaciones Exteriores, notificó un día antes la decisión de dar por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, al Secretario General de la ONU, incluso le fija un plazo de 24 horas para el cumplimiento de dicha decisión, cuando en el propio acuerdo gubernativo en el artículo 6 establece que el Acuerdo Gubernativo empezará a regir a partir del día de su publicación en el Diario de Centro América, es decir, que el contenido del acuerdo aún no entraba en vigencia y ya se había notificado.
En un Estado de Derecho existen varios pilares; la legalidad de la actuación del Estado, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, separación de poderes y acceso a la justicia. Cuando estos pilares son violentados, no hay república y no hay democracia.
Ante la crisis política que atraviesa Guatemala, a raíz de las acciones del señor Jimmy Morales, solo queda generar consensos de todos los pueblos, sectores y ciudadanos honestos y darle todo nuestro respaldo al último bastión de la democracia: La Corte de Constitucionalidad.
