Jorge Santos
El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que se entenderá por remuneración un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a la de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Así como también, que dicho salario debe garantizar condiciones de existencia dignas para las y los trabajadores y para sus familias. Lastimosamente esta ley vigente en Guatemala, está muy lejos de ser un hecho material y tangible para la mayoría de la clase trabajadora.
Recientemente, el presidente Jimmy Morales, siguiendo servilmente las recomendaciones del sector empresarial, decidió no aumentar el salario mínimo que deberán de percibir las y los trabajadores en el país. De tal cuenta, que para el 2019, las personas que desarrollen sus actividades en los sectores agrícolas y no agrícolas deberán de recibir como mínimo una remuneración mensual de Q2 mil 992.37 y quienes se dediquen a las actividades de maquila y exportación de Q2 mil 758.16. Esta decisión al igual que muchas otras del Gobierno están alejadas de la realidad existente y se constituyen en un claro ejemplo, de que este sólo está para garantizar los intereses de la oligarquía, de la corrupción e impunidad.
Esta aberrante decisión me llevó a buscar otros indicadores que permitieran identificar los alcances que tendrá en la vida cotidiana de millones de guatemaltecos, de tal cuenta que busqué en el Instituto Nacional de Estadística, el cual publicó con datos de junio de 2018 la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) que nos dice que existen un total de 6 millones 827 mil 687 personas que conforman la Población Ocupada, de las cuales el 72.9% realiza sus ocupaciones en tres actividades económicas, tales como agricultura, ganadería, silvicultura; comercio al por mayor y al por menor e industria manufacturera. Así mismo, la ENEI establece que del total de la población ocupada el 79.1% de los hombres y el 78.9% de las mujeres no están asegurados por el Seguro Social y que el 65.6% no cuenta con ningún tipo de contrato.
Pero lo peor fue identificar que el propio gobierno a través del INE reconoce no sólo lo perverso de no incrementar el salario mínimo, sino que también reconoce que en muchas actividades ni siquiera se paga el mismo, tal y como lo representan los Q885 de ingreso mensual que reciben las mujeres agricultoras o los Q2 mil 695 que reciben las operadoras de instalaciones y máquinas y ensambladoras. Al final de cuentas, la decisión es tan vil que a este salario le hacen falta al menos Q605.08 para alcanzar el costo de la Canasta Básica de Alimentos y Q5 mil 313.91 para cubrir la Canasta Ampliada. Así que no le vengan con falacias que justifican esta decisión de la oligarquía, legitimada por el corrupto de Jimmy Morales, sino más bien llamemos a las cosas por su nombre, estos actores son nada más y nada menos que los hambreadores del Pueblo.
