Es ya una soberana vergüenza la actitud de la Fiscal General con relación a la observancia y cumplimiento de los fallos de la Corte de Constitucionalidad y es tiempo de denunciar la farsa de la eterna vigilancia que mantiene en todas sus expresiones públicas que no es sino una forma de decir que está viendo lo que pasa sin hacer absolutamente nada para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que son de observancia obligatoria. Desde su investidura se la ha pasado en eterna vigilancia, como si ello fuera suficiente para el cumplimiento de los deberes de una mujer que insiste que es persona de derecho, pero que con sus actos desmiente esa vocación que debe ser perpetua para garantizar el imperio de la ley.
El Presidente, con toda desfachatez, ha dicho que no cumplirá con resoluciones que según su pobre saber y entender son contrarias a derecho, no obstante que han sido dictadas por el tribunal a cargo de la preservación del orden constitucional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que nuestra Carta Magna consigna. Y todo ello porque cuenta con la cómplice indiferencia, disfrazada de vigilancia, de la Fiscal General que está demostrando que su compromiso no es con la legalidad sino con el mandatario que la designó para el puesto precisamente para que fuera un instrumento al servicio del Pacto de los Corruptos.
Personas que han sido generalmente bien informadas han explicado que el nombramiento de la doctora Consuelo Porras surgió precisamente del Zavala y que fue Gustavo Alejos quien la recomendó como alguien que podría servir efectivamente para contener con buen modo la lucha contra la corrupción. Y curiosamente uno de los más beneficiados por el nuevo orden en el Ministerio Público ha sido quien fue secretario privado de Colom, acumulando varios procesos en su contra por hechos ocurridos en ese gobierno y también durante el gobierno de Pérez Molina, en el que siguió siendo un operador importante, especialmente en el campo de la venta de medicamentos pero, sobre todo, como uno de los principales operadores de los negocios surgidos a partir del Financiamiento Electoral Ilícito. Los hechos parecen confirmar lo que dicen esas personas bien informadas porque lamentablemente todo apunta a que el Ministerio Público, con buena maña, está comprometido con quienes pretenden afianzar la dictadura de la Corrupción.
Ha llegado el momento de desenmascarar la realidad para que la Fiscal General se defina claramente. La “vigilancia” no puede ser la única respuesta ante la arremetida que están pegando los integrantes de ese perverso pacto y la Fiscal tiene la palabra.
