Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Suficientes ejemplos hay en el mundo entero, y en la historia reciente de América Latina para darnos cuenta que alentar las aspiraciones ilegales y dictatoriales de algunos es el peor error que se puede cometer en una “democracia”. Hay quienes en determinado momento alinean sus intereses con los de los dictadores y les animan, los alientan porque les necesitan y esos aplausos se convierten en música para los oídos tal y como sucede con los artistas y actores, por muy malos que hayan sido en su carrera.
“En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica”, es la definición que el Diccionario de la Lengua Española usa para definir al dictador y vale la pena analizarla.
La situación de Guatemala ha sido calificada, editorialmente por este medio de comunicación, como una dictadura de la corrupción que poco a poco gana y quiere seguir ganando terreno porque existe una confabulación de los tres poderes del Estado para la utilización del poder sin ninguna limitación jurídica y demostrando que se pueda llegar a usar la fuerza (cómo olvidar la foto del 31 de agosto -Morales rodeado de militares- el Ejército en las calles, los Jeep J8, etc.).
Es por ello que el ataque bajo el que está la Corte de Constitucionalidad (CC) es un síntoma de esos aires dictatoriales que tiene Jimmy Morales, pues cada vez que puede dice que él no acatará órdenes que él mismo califica como ilegales porque van contra de sus planes y le representan límites que no le favorecen a él, sus familiares, allegados y socios particulares.
Con esas intenciones dictatoriales es que el Congreso amenaza con aprobar reformas a la Ley de Antejuicio que les permitan conocer de manera directa cualquier acción legal contra los magistrados no afines al Pacto de Corruptos y así, descabezar a la CC dando una “aparente legalidad” para asegurar que no existan limitaciones jurídicas y así poder operar la dictadura de la corrupción en paz.
Jimmy Morales no necesita hacer la de Serrano en el sentido de disolver un poder para abrogárselo todo él, solo necesita ser el líder porque los miembros mayoritarios de los otros dos poderes del Estado están preocupados por lo que les pueda pasar por sus actos, y por ende se han alineado para luchar por instalar en Guatemala la dictadura de la corrupción.
El Gobierno recibió un revés judicial cuando una jueza otorgó un amparo provisional en contra de la ilegal y dictatorial orden de expulsar a unos investigadores que son incómodos para quienes no desean citas con la justicia, y recibió otro correctivo en la noche cuando en la CC dejaron sola a Dina Ochoa (fiel sirviente de la dictadura de la corrupción) y declararon ilegal los actos del Gobierno ejecutados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Sandra Jovel.
Minutos antes de que el reloj marcara las 12:45 p. m. de ayer, el Gobierno emitió un cínico comunicado agradeciendo las vacaciones de los investigadores y diciendo que la CICIG había decidido respetar la “soberanía”, pero imagino que estarán brincando en un píe porque hay jueces en este país que no comparten las intenciones dictatoriales de algunos; los investigadores gozarán de vacaciones y regresarán en enero.
Como parte de ese plan dictatorial, hay que entender las declaraciones de Linares Beltranena puesto que, a pesar de que la CC ha ordenado que a Iván Velásquez se le debe dejar entrar y es una orden judicial que se debe cumplir, dice que si el Comisionado viene a Guatemala no se le garantiza su seguridad, siendo una prueba más que desean operar el poder sin límites judiciales.
Hemos visto tanto y mucha gente se ha quejado de lo que pasa en Venezuela y Nicaragua, pero apoyar lo que pasa en Guatemala hace más evidente el doble discurso y todo porque se desea evitar a toda costa la rendición de cuentas. Nunca lo olvide, el Dictador nunca queda satisfecho y desea que la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho sean sus títeres.
