Oscar Clemente Marroquín
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Bien aceitada la maquinaria del pacto y con evidentes trabas para conocer las acciones legales interpuestas para evitar el manotazo contra lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, todo apunta a que está por consumarse el propósito de castigar a los abogados e investigadores de la CICIG que tuvieron la osadía de meter su cuchara en el financiamiento electoral ilícito y, por lo tanto, se llevaron de corbata no sólo al mismo Presidente de la República, lo que según el antecedente de Pérez Molina no es tan grave, sino que a los meros meros del poder económico y eso sí que no se pude permitir en un país que ha sido históricamente controlado por ellos.
Pero esta consumación del manotazo huele a la consumación del Serranazo y puede que sea igualmente efímero que en aquella ocasión. No nos olvidemos que en las primeras horas y los primeros días de aquel atentando contra la Constitución todo parecía indicar que nada impediría que Serrano pudiera concentrar en él todo el poder tras la eliminación de las Cortes y del Congreso, porque en la práctica no hubo reacción ni de sectores ni de la ciudadanía que, estupefacta, veía cómo el gobernante electo se convertía en dictador.
Lo mismo parece estar ocurriendo ahora, cuando Morales pisotea las resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad y ordena la expulsión del personal de la CICIG sin que ese alto tribunal se pronuncie al respecto debido a que quien preside y convoca es la magistrada que nombró el mismo Jimmy Morales y que antepone su lealtad al gobernante a su juramento de fidelidad a la Constitución de la República. Misteriosamente se han atrasado las convocatorias para que el pleno conozca de acciones que, por la gravedad de la situación, tendrían que ser conocidas de acuerdo al espíritu de la Ley de Amparo, en el sentido de que en esa materia todos las días y las horas son hábiles porque se pretende evitar desaguisados irreparables como consecuencia de abusos en el ejercicio del poder.
Hoy a medio día se cumple el plazo y así como ocurrió cuando fue disuelto el Congreso en tiempos de Serrano, todo parece indicar que el gobernante se sale con la suya. En aquella ocasión, sin embargo, poco a poco se fue organizando la población, pese a las acciones intimidatorias, hasta lograr la masa crítica suficiente para darle caravuelta no solo al Serranazo sino al mismo gobernante que fue desconocido por esa misma Corte de Constitucionalidad que ahora permanece en misterioso silencio.
Hay entre la sociedad civil rechazo a las acciones del Gobierno y reclamos para que se mantenga el orden constitucional y que no se afecte nuestro sistema democrático mediante alteraciones a la legalidad, pero no sólo son ignoradas por el Pacto de los Corruptos sino que además de ellas también se hacen de oídos sordos los órganos jurisdiccionales que tendrían la potestad y capacidad para actuar en resguardo del Estado de Derecho.
El tiempo dirá si, como en aquella vez, es un triunfo efímero o si en esta oportunidad sí logran consolidar el modelo dictatorial.
