Jorge Morales Toj
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El día 18 diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante, fecha propicia para llamar la atención del gobierno y de la sociedad guatemalteca, que la migración es un problema de pobreza y exclusión. La migración, es la expulsión de nuestros hermanos guatemaltecos por la histórica exclusión y marginación que viven. Aunado a la falta de políticas de desarrollo incluyentes, los grandes niveles de corrupción instaladas en las distintas esferas del Estado, roba oportunidades a los más desposeídos y excluidos.
Yakelin Caal de siete años murió buscando el sueño americano, buscando oportunidades junto a su padre. Salió huyendo de la extrema pobreza que viven las comunidades indígenas de Raxruhá y de todo el país. Como Yakelin, cientos de niños y niñas siguen huyendo junto a sus padres buscando mejores condiciones de vida.
La muerte de una niña guatemalteca por deshidratación en suelo estadounidense, nos debe llevar a hacernos algunos cuestionamientos: ¿Hasta cuándo el Estado de Guatemala pondrá su atención en la pobreza rural? ¿Hasta cuándo el sector privado del agro entenderá que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas también tienen derecho a vivir dignamente? ¿Hasta cuándo los políticos corruptos entenderán que no se debe jugar con el hambre y la desnutrición de nuestra niñez?
Sin lugar a dudas, gobernantes y gobernados, empresarios y trabajadores, indígenas y mestizos, todos en una visión común de país, tenemos la responsabilidad de buscar los caminos hacia el desarrollo rural incluyente. No debemos seguir permitiendo que se profundicen los índices de pobreza y desnutrición en el campo.
Existen suficientes diagnósticos, leyes, políticas, planes para generar oportunidades en el área rural. Hoy más que nunca es impostergable la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, para brindar alternativas a las distintas comunidades que se encuentran en situación de extrema pobreza.
Desde este espacio, exijo justicia para Yakelin Caal. En el ejercicio de mi derecho de petición constitucional, pido la Canciller Jovel Acevedo, que por los conductos diplomáticos que correspondan, exija al gobierno de los Estados Unidos de América se esclarezca la trágica muerte de Yakelin y caiga el peso de la ley sobre los responsables de esta tragedia internacional.
No puedo terminar esta columna condenando públicamente las acciones del Gobierno de Guatemala, que en clara violación al orden constitucional y en flagrante violación al Acuerdo de creación de CICIG, ha fijado setenta y dos horas a investigadores de CICIG para que abandonen el país. El objetivo del gobierno es deshacerse de funcionarios clave de CICIG para debilitar los casos emblemáticos como La Línea, Cooptación del Estado y Botín Registro de la Propiedad entre otros.
La ilegalidad y la arbitrariedad son evidentes, porque ningún funcionario público puede emitir normas y disposiciones admirativas que contravengan el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Hoy más que nunca, el rol del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad son cruciales ante este nuevo ataque a la justicia.
