Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Yo siempre he dicho que este proceso por transformar el país en uno más justo, incluyente y generador de oportunidades sostenibles para todos, en el que aquellos que lo desean hacer bien no la tengan tan complicado, es una carrera de resistencia y no de velocidad aunque también reconozco que para los que están sufriendo ese tiempo que pasa sin cambios es como una bomba de tiempo.
Y para lograr el objetivo, primero debemos empezar a ponernos de acuerdo en el qué para luego pasar al cómo. Mucha gente dice que los problemas del país están diagnosticados o sobre diagnosticados, pero nos cuesta mucho atinar a elegir la medicina o el tratamiento que utilizaremos para atacar los males y vicios de nuestro sistema.
Mientras a los ciudadanos que estamos asqueados del sistema nos cuesta coordinarnos, a los mafiosos que no desean cambiar no les cuesta nada pactar los acuerdos para defender el sistema porque entienden de manera rápida lo que está en juego y tienen la capacidad de dejar sus diferencias en pausa para concentrarse en lo que verdaderamente les importa.
Así es como hay que entender algunas componendas que se han fraguado en los tres poderes del Estado con el apoyo de algunas personas en particular, esas que Estados Unidos desea poner en la mira con la legislación que sugirió la congresista Norma Torres, similar a la de Nicaragua que fue lo que hizo a mucha gente recular en sus apoyos directos o solapados a Ortega.
Muchas personas están preocupadas por el rumbo que ha tomado y tomará nuestra economía, y el panorama se podrá aclarar o empeorar en función de las medidas que como ciudadanos acordemos exigir a la clase política de turno y la que participe en las elecciones.
Si queremos dinamizar la economía necesitamos mejorar, reformar o incluso crear un nuevos sistema de compras y adjudicaciones y reformas profundas a la Contraloría de Cuentas porque de lo contrario, el dinero no llegará a donde realmente necesitamos.
Necesitamos reformas al sector justicia porque es imperativo que exista más inversión y más jueces para descongestionar el sistema, pero mientras no tengamos una verdadera carrera judicial que no dependa de los políticos de turno, sus perversas intenciones y aliados particulares, el Estado de Derecho estará sufriendo.
Esta semana publicamos un reportaje de que 84 sindicados que se apoyan en la Defensa Pública no tendrán juicio hasta el 2021 y se pasarán en prisión preventiva; los procesos en otras ramas como civil, mercantil, laboral, contencioso y demás también tardan una eternidad, complicando, además, atraer inversiones.
El Estado debe dejar de ser “el botín” para pasar a ser un “empleador” de talento, calidad y mística de servicio para la población porque llegamos a tener un elefante blanco muy ineficiente y que ha servido para hacer contrataciones con las que, principalmente, se pagan las campañas y los acuerdos de los políticos.
Así hay más temas, pero creo que los ejemplos están claros. Si no somos capaces de alcanzar acuerdos, ya con eso le estamos asegurando unos años más de continuidad a los que se han unido, aliado y hasta jurado que lucharán juntos por defender sus privilegios e intereses en un sistema cooptado hasta la médula.
