Francisco Cáceres Barrios
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Por principio no es bueno sacar conclusiones a la primera de cambios. Es preferible tomar las cosas con calma y analizarlas a profundidad para poder emitir opinión acerca de los comentarios, noticias o artículos que los medios de comunicación acostumbran publicar. De un tiempo a esta parte se ha estado criticando a los jueces por haber ordenado prisiones preventivas, en diversidad de tipos de delitos, calificándolas de ser sistemáticas cuando bien pudieran no hacerlo sin embargo, quienes critican su postura olvidan intencionalmente que la razón primordial para decretarla ha sido la enorme posibilidad de fuga de los encartados y que, conociendo a nuestra gente, en especial a nuestros políticos, no es descabellada la decisión de los jueces el mantenerlos a buen recaudo.
En consecuencia, también resulta exagerado decir que la excesiva prisión preventiva está causándole problemas a la justicia del país, cuando según las estadísticas que publican los que aseguran lo anterior, indican que desde el 2010 a septiembre del año en curso, al 31 por ciento de personas que comparecen a la audiencia de primera declaración han recibido dicha prisión preventiva, como que las mismas estadísticas publicadas revelan que de diez años para la fecha el porcentaje es del 34 por ciento. Lo que sí es indudable, es que Guatemala hace diez años contaba con 8,615 privados de libertad y ahora se elevó la cifra a 24,400 personas, lo que significa un crecimiento del 190 por cierto. ¿No queda demostrada la verdad que hemos venido asegurando que la criminalidad ha aumentado y desmesuradamente?
También en un simple análisis primario queda desvirtuado que la saturación y la lentitud de los procesos en los tribunales no es causada por la prisión preventiva, especialmente cuando sabemos que los orígenes son diversos, pues van desde el número de juicios abiertos, pasando por los cambios procesales, como la tremenda utilización de subterfugios que la mayoría de abogados defensores utilizan con el fin de beneficiar a sus defendidos y algo todavía más importante, que nuestro sistema cuenta con solo siete jueces por cada cien mil habitantes, cuando debieran ser al menos diez y siete.
Bien sabemos todos por experiencia que no es prudente ni conveniente tomar decisiones a la carrera o legislar para beneficiar a un sector élite de la población, que lo que busca es obtener canonjías, en vez de hacerlo para el conjunto de nuestra sociedad. ¿Qué hacer entonces? Ahora más que nunca debiera abrirse un foro de carácter técnico y procesal para que después de haber alcanzado conclusiones ciertas y debidamente comprobadas, pueda presentarse al Organismo Legislativo una propuesta concreta y debidamente consensuada que contenga los cambios o modificaciones a las leyes vigentes sobre el tema de la prisión preventiva. Dejárselo al pobre criterio de los diputados no es recomendable, por contar con uno de los más bajos índices de eficiencia y capacidad, sino también por haberse dedicado últimamente a legislar en beneficio propio.
