Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Los tribunales que integran el Sistema de Justicia en nuestro país, como son la Corte Suprema de Justicia, las magistraturas y los tribunales de todo orden: civil, penal, administrativo, laboral y demás, deben de convertirse en un archivo general donde pueda cualquier ciudadano, cualquier profesional, tener acceso directamente a la información.
Veamos qué tan eficiente puede ser esta información mediante un sistema común, porqué un abogado, un acusado no puede presentarse al sistema judicial y requerir que se le proporcione la información de cualquier juicio. Los juicios no deben ser secretos, eso es parte de la historia que debemos superar, no podemos continuar limitados a la información.
Si un medio de comunicación, si un periodista, si un ciudadano en general se presenta ante el sistema judicial, éste debe tener un plazo limitado para dar la información que se le está requiriendo.
La Constitución de la República debe de garantiza el acceso a la información y el plazo en el que la misma se debe otorgar.
Si alguien es acusado administrativamente no tiene por qué ser un secreto, por el contrario, tiene que ser obligatorio proporcionar la información y así poder comprobarse la verdad.
Crear y convertir la información judicial en un bien público es solo progresar con la verdad. No podemos considerar que las acusaciones son confidenciales ni podemos considerar que los tribunales civiles puedan darse el lujo de mantener la información de una acusación o una acusación penal como un secreto.
Si alguien es acusado en Petén puede y debe permitírsele tener, en un plazo sumamente reducido y razonable, la información que coadyuve a demostrar qué fundamento tiene la acusación y así lograr la garantía de cualquier acusación en cualquier ramo del Organismo Judicial.
Cada día es importante saber, en el orden civil, quién es el propietario individual de todos los bienes que han sido inscritos en el Registro de la Propiedad, no podemos continuar permitiendo que una persona utilice a un notario ya fallecido, a una persona que no existe para aprovecharse y apropiarse de cualquier terreno, en cualquier parte de nuestro país.
Ya es hora que todos, individual y colectivamente respondan a la verdad y casos que a través de subterfugios, de protocolos adulterados o de cualquier otro medio puedan aparecer diciendo que son dueños de un bien que no les corresponde.
La certeza a la propiedad es fundamental para que en Guatemala haya un desarrollo económico y social.
Tanto el Registro de la Propiedad como el Colegio de Abogados deben de comprender que la certeza no es solo aparentes registros, debe ser la verdad, eso significa especialmente para las cámaras empresariales y para los que han sido sus miembros, no tener la posibilidad de robar, de mentir o de apropiarse de un bien adulterando los códigos y registros que garantizan que los bienes sean respetados y no adulterados, no aprovechándose como lo ha hecho un exmiembro de CACIF, de la Junta Monetaria, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Agricultura o del sistema bancario.
¡Guatemala es primero!
