Juan Antonio Mazariegos

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Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

De conformidad a lo que establece nuestra Constitución Política, el Congreso de la República aguarda que le sea enviada la nómina de 6 profesionales dentro de los cuales deberá elegir al nuevo Contralor General de Cuentas de la Nación, lista que actualmente elabora la Comisión de Postulación designada para ese efecto y que se encuentra integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoria que funcionan en Guatemala y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.

La Comisión de Postulación en cuestión, de conformidad al procedimiento establecido, escuchó los señalamientos que en contra de los candidatos que permanecían en contienda, se realizaron por parte de particulares y diversas agrupaciones, y actualmente ha reducido a 12 el número de candidatos luego de indicar que 2 de los 8 señalados no pudieron desvanecer los señalamientos que se hicieron en su contra.

De conformidad a lo que establece su propia ley orgánica, corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC) la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, Consejos de Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas pu?blicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado.

A partir del año 2015, la mayoría de la población, con o sin convicción, ha hecho pública manifestación de su interés por luchar en contra de la corrupción. El centro de toda la fiscalización y el control que se pueda realizar de los fondos públicos se encuentra en la CGC y a pesar de ello la elección de su máxima autoridad se pierde en el desinterés de la población y en medio de noticias de relleno de la mayoría de los medios de comunicación.

Existe una larga lista de procesos penales y de exfuncionarios sujetos a los mismos, derivados de malos manejos de fondos públicos; y sin duda existe una lista, mucho más larga de actos que debieron haberse convertido también en un caso de persecución penal o en reparos administrativos. Todos nacieron o debieron nacer de la correcta ejecución de las funciones de la CGC y resulta en consecuencia trascendental para el país, la vigilancia al proceso de elección que ahora se desarrolla. Exigir probidad y transparencia a los funcionarios de hoy o de mañana está muy bien, sin embargo, centrarse en exigir que el órgano que los fiscalice y controle se encuentre dirigido por la persona más independiente y apegada a la ley que podamos puede resultar mucho mejor.

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