Luis Enrique Pérez
El Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, ha anunciado que el Gobierno de Guatemala ha solicitado ser sede de la próxima Conferencia de las Partes, de la Convención Marco del Cambio Climático, en noviembre del año 2019. Ser sede de esa conferencia costaría cien millones de dólares aproximadamente.
La sede próxima debía ser Brasil; pero no lo será por decisión de Jair Bolsonaro, quien será presidente de esa nación a partir del 1 de enero del año 2019. Un motivo de su decisión fue el costo de la conferencia. Es decir, el próximo presidente de la nación que posee la economía más poderosa de América Latina se abstendrá de pagar ese costo; pero el gobierno del presidente Jimmy Morales, presidente de una de las naciones más pobres de América Latina, está dispuesto a pagarlo. ¡Increíble!
El vicepresidente Jafeth Cabrera ha argumentado que ser sede de la conferencia contribuiría a que “los guatemaltecos adopten una cultura de cuidado de los recursos naturales.” ¿Cree él que si Guatemala fuera sede de tal conferencia, millones de pobres se interesarían en las doctas deliberaciones de quienes participarán en la conferencia, y se congratularían por sus sabias decisiones sobre el cambio climático y, dispuestos a morir por la presunta salvación del planeta, desistirían de depredar los recursos naturales?
El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, ha declarado que si Guatemala fuera la sede “estaría consolidando su posición de líder latinoamericano en el tema ambiental.” ¿Pretende el Ministro que, solo por ser tal sede, Guatemala sería santuario de gobernantes, políticos, ecologistas, ambientalistas, conservacionistas y feligreses de la iglesia del calentamiento global de América Latina? Es una insensata pretensión. Y argumenta que la solicitud de la sede “surge porque Guatemala está siendo responsable con el manejo del ambiente…” ¿Por tener esa responsabilidad Guatemala tendría que consumir cien millones de dólares? ¿No sería prudente esperar que esa responsabilidad fuera premiada por el resto del mundo, con esa cantidad de dinero?
También argumenta que ser sede de la conferencia sería una oportunidad “para poner a Guatemala ante los ojos de todo el mundo”; y “organizar la conferencia sería un ejemplo de cómo actuar para impulsar políticas ambientales.” ¿Estar “ante los ojos de todo el mundo”, y disfrutar del gratificante mirar de esos admirados ojos, tendría que costar cien millones de dólares? ¡No! ¿Y solo por ser sede de la conferencia, Guatemala sería mágicamente ejemplo de actuación para impulsar una política ambiental? ¡No!
Empresarios y “cooperantes” contribuirían a pagar los cien millones de dólares. Empero, ¿no sería sensato reunir esa cantidad de dinero para reparar carreteras y caminos, reconstruir puentes, brindar un mejor auxilio a los pobres que, agonizantes, reclaman servicios públicos de salud; y salvar de la muerte a esqueléticos niños desnutridos, purificar el agua mortífera que beben los pobres en las áreas rurales, o dotar de decorosos edificios a las mendigantes comisarías policiales?
Post scriptum. La pretensión de ser sede de la conferencia es obra del más absurdo criterio de asignación de los escasos recursos, propio, no de estadistas, sino de demenciales y moralmente condenables derrochadores del tesoro público.
