Francisco Cáceres Barrios
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Hace poco el Gobierno con mucha alegría comentaba el convenio que su Ministro de Salud Pública había suscrito con el Presidente de la Junta Directiva del IGSS, por medio del cual anunciaban pomposamente que sería muy útil poder celebrar contrataciones conjuntas de medicinas, de utilizar instalaciones, equipo e implementos y facilidades con que cuenta el IGSS y que los hospitales nacionales estaban muy lejos de poder tenerlos y se extendieron con todo aquel palabrerío populista que caracteriza a los gobiernos que les encanta aparentar, pero que a la hora de ejecutar arreglos como este solo salen favorecidos los que como dice el refrán: “El que tiene más saliva traga más pinol”.
A nadie con dos dedos de frente le preocupa que se suscriban convenios de mutua conveniencia, como por ejemplo, para definir la forma en que los afiliados al IGSS, por razones de lejanía, puedan recibir los primeros auxilios en los hospitales nacionales o bien que puedan ser trasladados por razones de humanidad, en mejores vehículos de un lugar a otro pero, de eso, a que el Estado utilice equipos, instrumental o facilidades para quienes no son afiliados, cuando el Estado, fuera por negligencia, incapacidad o corrupción no cuente con ellos, a pesar que han tenido todo el tiempo necesario, como los recursos suficientes para poder contar con los que de mejor calidad se puedan encontrar en el mercado tecnológico.
Los convenios de esta naturaleza debieran ser de mutua conveniencia, con especial prioridad para el pago de las deudas que el Estado le tiene al IGSS, como es la contribución que le corresponde pagar como tal que, al mes de octubre 2018 asciende a nada menos que Q42 millardos, lo que ha provocado un desbalance total en el sostenimiento de la institución, correspondiéndole al sector patronal el cincuenta por ciento, a los trabajadores el veinticinco y el mismo porcentaje al Estado, sin dejar de lado que a pesar de lo anterior, desde hace ya bastante tiempo se le endosó al IGSS la atención de sus jubilados en el CAMIP, sin que ellos hayan contribuido con dicho programa ni un solo centavo para su sostenimiento.
El temor para el sector patronal y el laboral resulta lógico y natural cada vez que se anuncian convenios entre el IGSS y el Estado, puesto que a nadie escapa en qué condiciones podrían estar sus instalaciones, prestaciones, servicios y sus proyecciones, si el Estado hubiera venido cumpliendo con sus obligaciones desde 1946 de su creación, sin embargo, siempre se le ha escatimado el apoyo estatal, partiendo desde su mutilada autonomía con el nombramiento de sus funcionarios, al colmo que al Presidente de la Junta Directiva se le ha permitido asumir, contrariamente a los principios básicos de una buena administración, las funciones ejecutivas que debieran estar exclusivamente a cargo del Gerente, quien a su vez debiera atender los lineamientos y políticas que la Directiva debiera dictar.
