Fernando Mollinedo C.
Las inteligentísimas mentes brillantes que aconsejan decir que, juzgar a todas aquellas personas que fueron y son cachadas en actos de corrupción puede desestabilizar al país, están propalando esa idea para congraciarse con quienes, por intereses personales, ideológicos y dinerarios, son sus amos, en el strictu sensu de la palabra.
El decidir donde se operará una hidroeléctrica, mina o extracción de otros minerales, es una competencia bipartita: consulta a la comunidad e inversionistas que se adapten a las circunstancias naturales sin menoscabo de los recursos no renovables. No es cuestión de imposición, ni de yo ya pagué a los funcionarios por la autorización y tengo el derecho a instalar mi negocio, no me importa la opinión de la sociedad, ni me importa pasar sobre las leyes. NO, no es así el rollo, y quien no lo quiera entender de esa forma, se atiene a las consecuencias legales y sus acciones de impugnación.
Nuestro país ya está desbarrancado, algunos de sus hijos no entienden, ni comprenden lo que significa que el Estado existe para la organización de la población asegurando su vida y bienestar; y aunque algunos sí lo sepan porque medio han leído la Constitución Política de la República de Guatemala, han sido vulnerables a los cohechos que, económicamente los han sacado de la vida modesta en la que nacieron, crecieron y hasta se multiplicaron, para ser ahora, nuevos ricos sin escrúpulos.
Esas luces clarividentes no repararon en que sus consejos desestabilizan de forma vertiginosa no sólo a los Gobiernos de turno, también a la población que sufre los embates de las alzas en el mercado del comercio. El grosero trasquilamiento del Presupuesto ordenado por sus autores intelectuales que lo deciden y sus translúcidos exponentes justifican y mercantilizan, es la llave de la inconformidad social: puesto que se dispuso de muchas cantidades para quienes no lo necesitan y se dejó a un lado la necesidad social en cuanto a rubros realmente necesarios.
El recorte económico a la Universidad de San Carlos y Procuraduría de los Derechos Humanos como advertencia para que dejen de estar chingando con sus objeciones y críticas a las autoridades, y someterlas a una acción pedigüeña indignante, dice mucho de quienes en conjunto proyectan la venganza tomada para su satisfacción por el agravio recibido: el desenmascarar su conducta irregular.
Hemos vivido en una calma chicha, con el consuelo de la incertidumbre; ahora, ya ni eso tenemos, porque con la inminente convocatoria a elecciones generales, se produce la angustia de saber que vamos en un claro camino hacia más violencia política y delincuencia electoral como destino estratégico de los propietarios del país y los desafíos al orden establecido.
Mientras estas circunstancias continúan, las organizaciones que supuestamente existen como canales de crítica, defensa de los derechos humanos, contrapeso y diagnosis política, brillan por su ausencia, corroborando que sólo existen para engordar económicamente a sus impulsores, quienes, con este nuevo Presupuesto, otra vez, gozarán de un beneficio inmerecido e injustificado.
