Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No hablo de Jordán Rodas, titular de la PDH, sino me refiero a lo que la Constitución establece al definirlo de la siguiente manera: “El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración; ejercerá su cargo por un período de cinco años, y rendirá informe anual al pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos”.
No se trata de un subordinado del Organismo Legislativo, al que únicamente corresponde su nombramiento pero no la supervisión de sus funciones ni la manera en que las desempeñe, sino de una especie de controlador de la función pública en defensa de los Derechos Humanos que, por cierto, son totalmente incomprendidos por amplios sectores de la sociedad guatemalteca que se tragaron la patraña, desde los tiempos de Romeo Lucas, en el sentido de que tales derechos únicamente servían para proteger a los izquierdistas o delincuentes, que para los efectos de la peculiar prédica venían a ser la misma cosa.
En un país como el nuestro, donde todavía hay tanta gente que no solo está a favor de la pena de muerte sino que además alienta la mal llamada limpieza social para “deshacerse de los criminales”, la existencia de un Procurador de los Derechos Humanos ha resultado molesta y de esa cuenta es que se le critica de una y mil maneras.
Pero si agregamos que a ojos del PDH la corrupción es causa de violación de elementales derechos humanos y por lo tanto hay que combatirla, entramos a una nueva dimensión del problema porque resulta que todos los que están participando de la corruptela ven al Procurador como una amenaza para sus intereses y por ello es que ahora a Jordán Rodas le están pasando la factura y tratan no solo de boicotear su trabajo, sino de removerlo del cargo porque su voz se ha vuelto muy molesta para tanto pícaro con poder.
En la medida en que quienes han desempeñado el cargo de Procurador de los Derechos Humanos van cumpliendo con sus deberes, más encono generan, tanto entre una parte de la ciudadanía como de los funcionarios a los que va señalando por acciones que puedan constituir detrimento del goce de esos derechos. Y veo con absoluta claridad que el actual Procurador ha entendido que la corrupción violenta los derechos humanos porque priva al individuo del necesario acceso a la salud y educación, alienta al crimen organizado que apañado por la protección que compra pagando a funcionarios venales cobra tantas vidas y que además priva a las personas del derecho a aspirar a una vida digna porque todos los recursos del Estado alientan en enriquecimiento ilícito en vez de promover el bien común.
Doble motivo, pues, para que al actual titular de la PDH le quieran hacer la vida imposible porque no solo enfrenta ese profundo desconocimiento social sobre lo que son y cómo se violan los derechos humanos, sino porque en la coyuntura actual de la lucha contra la corrupción ha tomado partido en contra de los corruptos que se muestran dispuestos a todo para preservar su derecho a robar.
