Luis Enrique Pérez
El Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público han reclamado un aumento de la cantidad de dinero que el presupuesto del Estado les asignará durante el próximo año. Empero, los diputados, a quienes compete aprobar el presupuesto, no han estado dispuestos a satisfacer ese reclamo, aunque finalmente, más por amenaza que por convicción, tengan que satisfacerlo, por lo menos parcialmente.
Por supuesto, puede discutirse sobre el criterio que aplican los diputados para repartir el dinero que el Estado, por medio de la tributación, expropia a los ciudadanos, no necesariamente para procurar el bien general, sino para procurar el bien particular de una burocracia crecientemente costosa, que tiende a una terrorífica multiplicación. En principio, puede presumirse que el criterio del reparto es el beneficio político de quienes aprueban la repartición, es decir, los diputados.
Empero, la cuestión esencial no es que aquel reclamo de dinero adicional deba ser o no ser satisfecho, o que el criterio de los diputados sea o no sea político. La cuestión esencial es que, aunque se duplicara o triplicara el dinero asignado a la administración oficial de justicia, no hay garantía, aunque fuera una mísera garantía, de que mejorará tal administración.
¿O el Organismo Judicial brindaría una sensata garantía de justo veredicto de jueces o de magistrados, o de pronto veredicto condenatorio o absolutorio, o de sensata prisión preventiva, o de honesta presunción de inocencia? ¿O brindaría una sensata garantía de que un proceso penal que actualmente dura novecientos días, no durará más de ciento noventa días; o que un recurso de apelación que actualmente se resuelve en más de noventa días, será resuelto en no más tres días?
¿O la Corte de Constitucionalidad brindaría una sensata garantía de estricta interpretación jurídica de la Constitución Política, o de abstención de usurpar funciones propias de los organismos del Estado; o de desistimiento de alterar el orden constitucional; o de renuncia a dictar resoluciones que surgen del vientre ominoso de la antijuridicidad y paralizan productivas actividades económicas?
¿Y el Ministerio Público brindaría una sensata garantía de eficiencia en investigar los delitos de acción pública, promover la persecución penal, dirigir a las instituciones del Estado que investigan hechos delictivos, entre ellas la Policía Nacional Civil; y preservar el Estado de Derecho? ¿O brindaría sensata garantía de que, por ejemplo, fiscales del Ministerio Público se abstendrán de beneficiar a delincuentes a cambio de un fabricado testimonio acusatorio, y obtener un triunfo judicial políticamente gratificante?
Más dinero para el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público es más dinero para preservar al enfermo, y no para curarlo. Es más dinero para expandir la burocracia judicial y propagar un simulacro de justicia; y para convertir la incertidumbre jurídica en la mejor certidumbre, y atentar contra la prosperidad económica del país.
Post scriptum. El problema primordial de nuestro país es la injusticia, la cual, con el régimen actual de ficticia administración de justicia, tenderá a persistir, aun con una infinita cantidad de dinero. Es necesaria una descomunal revolución judicial.
