Ayer el Vicepresidente dijo a los periodistas que no hay la menor posibilidad de que se pueda prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ni siquiera si, como ha dicho Washington, se llegara a una CICIG reformada porque la posición del gobierno simple y llanamente es que no se quiere más su presencia en el país. En tono desafiante, acorde con el que usa el Presidente, Cabrera mandó por un tubo a la congresista Norma Torres que había advertido que podría condicionarse la ayuda económica de Estados Unidos a Guatemala en caso de que no se diera la prórroga del mandato de la entidad de Naciones Unidas que ha venido a colaborar con la lucha contra la impunidad.
Durante muchos meses el Vicepresidente estuvo calladito, como atalayando la oportunidad que por momentos se vio muy cercana, de que pudiera producirse un relevo en la Presidencia, pero ahora que ya se aproxima el fin del período y Morales ha endurecido sus posiciones y se desvanece la posibilidad de que pueda producirse alguna sindicación en su contra que supere el muro de impunidad que levantaron los diputados para protegerlo, Cabrera se muestra dócil y solícito para respaldar, hasta siendo más papista que el Papa, todo lo que hace y dice el mandatario en contra de la lucha contra la corrupción.
La pregunta que tenemos que hacer es si la institucionalidad guatemalteca ha dado los suficientes pasos para suponer que ya no hace falta una ayuda en la lucha contra la impunidad en el país y la respuesta es obvia. Lejos de combatir la impunidad, los poderes del Estado trabajan a marchas forzadas para revertir los pocos avances que hemos visto en el país. El Congreso está discutiendo ahora leyes que enviarán a su casa a los sindicados de corrupción, no importa la gravedad de los delitos que se les imputen, simplemente porque ha pasado más de un año desde que fueron sometidos a prisión preventiva. Y eso que el tiempo se ha estirado mucho por el litigio malicioso que lo que trata es de entrampar los procesos para evitar que se llegue a dictar la sentencia que en derecho corresponde.
Bastaría ese simple ejemplo para demostrar cuán lejos estamos de avanzar seriamente en la lucha contra la impunidad en el país, porque, por el contrario, todos los esfuerzos van a reducir penas, despenalizar crímenes y borrar responsabilidades de quienes por años han venido cooptando al Estado para ponerlo al servicio de espurios intereses totalmente alejados de la búsqueda del bien común.
