Jorge Morales Toj
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En las últimas semanas, en el acontecer político de nuestro país, el tema del Presupuesto General de la Nación ha estado en debate en el Congreso de la República, el monto del Presupuesto aprobado en tercera lectura es de 87 mil 715 millones de quetzales. El Presupuesto que nace con un dictamen positivo de la Comisión de Finanzas de una forma muy dudosa. Trascendió que ha habido componendas de los diputados miembros del Pacto de Corruptos.
El tema del Presupuesto General de la Nación es un asunto de interés nacional, en el cual, deberían estar involucrados los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, sin embargo, lo que es evidente es que las decisiones sobre la distribución del gasto público, sigue siendo un asunto manipulado por los políticos con base en sus intereses.
Llama la atención algunos aspectos del Presupuesto General de la Nación: el aumento del presupuesto al Ejército y el aumento de presupuesto al Congreso de la República; el Congreso se recetó 907 millones de quetzales. Estos aumentos son cuestionables, primero porque no se le deben asignar recursos al Ejército para que haga caminos y carreteras, esa función es del Ministerio de Comunicaciones. El segundo caso es aumento de presupuesto al Congreso, es una muestra que los señorones se sirven con la cuchara grande y porque el Organismo Legislativo es inoperante y de todos es sabido que dicho aumento se dará en época electoral.
Por otro lado vemos que se castigó a la Procuraduría de los Derechos Humanos al disminuirle su Presupuesto en 20 millones menos que el año anterior. La injustificada disminución del Presupuesto al PDH es una condena a la labor del Procurador en favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción.
La disminución al presupuesto al Sector Justicia es muy grave para el país. La Corte Suprema de Justicia solicitó 2 mil 985 millones, pero el Ministerio de Finanzas estableció que el aporte fuera de 2 mil 430 millones y la Comisión de Finanzas del Congreso dictaminó solamente 1 mil 763 millones de quetzales. Según algunas estimaciones el próximo año el Sistema de Justicia podría comenzar a colapsar en junio. El mensaje es contundente, los políticos corruptos no quieren que funcione el Sistema de Justicia para evitar que los alcance la ley.
En similares circunstancias está el Ministerio Público que pidió 2 mil 796 millones de quetzales y el Ministerio de Finanzas Públicas emitió la recomendación de asignarles 2 mil 187 millones, sin embargo, la Comisión de Finanzas estableció que debía ser de 1 mil 599 millones, lo que implica una drástica reducción de 588 millones de quetzales. El mensaje del Pacto de Corruptos es claro, no quieren a un MP fortalecido y con recursos suficientes para ampliar y profundizar sus capacidades de investigación y persecución penal a los corruptos y delincuentes, porque de esa forma, los políticos y los funcionarios implicados en posibles actos de corrupción jamás serían alcanzados por la justicia y seguirían en el reino de la impunidad.
¿Seguiremos dejando en manos de corruptos el futuro de nuestra Guatemala?
