En el presupuesto clientelar cuya aprobación final pende de la discusión por artículos, se reducen asignaciones a instituciones públicas llamadas a desempeñar un papel importante en la vida nacional. Se trata del Procurador de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, el Organismo Judicial y el Ministerio Público, entidades que sufrieron un grueso recorte a manos de los diputados, lo que compromete su capacidad futura para el desempeño de las funciones que les corresponden.
En el caso del PDH es obvia la razón que provocó el recorte. El titular de la dependencia, Jordán Rodas Andrade, no se ha sometido a los dictados del Pacto de Corruptos y sus actuaciones han servido para que varios diputados planteen su destitución del cargo, extremo que no han logrado concretar, pero que compensan con una menor asignación presupuestaria que obligará a la entidad a la reducción drástica de su capacidad operativa.
Respecto a la Usac los diputados no pueden ocultar el desagrado que les provoca la actitud firme y beligerante que ha retomado el estudiantado por medio de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, en esta especial coyuntura de la lucha contra la corrupción porque ha sido firme y decidida la actitud de los sancarlistas para denunciar a los miembros del Pacto de Corruptos y no encuentran otra forma de vengarse que recortando el presupuesto aunque sea en violación de la norma constitucional que establece claramente el mínimo que debe constituir el aporte a la casa de estudios superiores del Estado.
Con el Ministerio Público no se puede hablar de revancha porque el mismo parece estar en sintonía ahora con esa mayoría de diputados que se alinea en el Pacto. Pero llama poderosamente la atención que justamente cuando quieren que desaparezca la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no deja de ser un contrasentido o una muy bien planificada acción pro impunidad, la reducción de asignación a la entidad a cargo de la investigación criminal. Conociendo bien al Congreso no se puede pensar bien en este caso y es obligado que reparemos en la inoportuna decisión.
Y al poder Judicial es porque lo tienen que terminar poniendo de rodillas para que sepan quién tiene las riendas de la situación del país.
A cambio de esos recortes, se aumenta el presupuesto al Ejército, que tanto sirvió saliendo a las calles cuando hubo tensión, y se asignan fondos para proyectos que pueden generar votos, de esos que sirvan para maquillar el fraude que desde ahora vienen perpetrando ante la indiferencia y paciencia ciudadana.
