David Napoleón Barrientos Girón
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Referirse a Guatemala como un país tutelado puede ser una aseveración controversial, sin embargo, etimológica, jurídicamente, encaja dadas las circunstancias, principalmente hoy por la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
Tres años atrás parecía que en Guatemala veíamos una luz en el camino, las manifestaciones en la plaza central fueron un rayo de esperanza para acabar con la corrupción, los posteriores casos de corrupción desnudados fueron aplaudidos por la población en general, en lo particular imaginé: que el flujo de recursos que se destinaban a engordar los bolsillos de funcionarios públicos, redes de corrupción y empresarios inescrupulosos, cambiaría de rumbo y los lugares más desatendidos del país serían los beneficiados, la falta de oportunidades empezaría a disminuir, la desnutrición infantil empezaría a ser atendida, el sistema de justicia mejoraría, el poder discrecional que tienen los funcionarios desaparecería, que la migración al norte disminuiría, etc., pura ilusión.
Los casos de corrupción perseguidos, es cierto, llegaron a esferas y sectores nunca tocados, hasta ahí todo parecía muy alentador, la CICIG parecía contribuir a la demanda de los guatemaltecos, un experimento único y cuestionado, pero de aparentes buenos resultados, hasta que empezó a evidenciar sus alianzas con sectores y corrientes políticas y corporativas; a inmiscuirse en actividades ajenas a su mandato, hasta llegar al punto en que hoy nos encontramos; donde sin duda alguna la ausencia de la cabeza hace que se hagan más evidentes sus desafortunados errores, siendo solo un ejemplo de ello, los supuestos audios revelados, donde se manifiesta un infortunio. No cabe la menor duda, que las prácticas de los seres humanos carentes de principios y valores, sobre todo donde se ejerce algún poder, conducen al abuso y ponen en entredicho su ética y moral. Y lo peor cae en respuestas defensivas que poco contribuyen con la credibilidad y que rebalsa los límites de tolerancia, al sonar las mismas como abusivas declaraciones, creyendo a los guatemaltecos escasos de razonamiento.
Guatemala entonces pareciera estar en una situación de incertidumbre, con casos que en un principio fueron aplaudidos, hoy bajo la sombra de la duda y el desencanto, donde al perecer la transparencia tan necesaria, no ha sido precisamente la privilegiada virtud que ha guiado a la comisión de las Naciones Unidas, lo que debilita su credibilidad, a tal punto que, si no se aclara, sin importar en qué fecha se desarrollaron los cuestionados actos, debiera incluso conducir al debate respecto a la conveniencia para la sociedad guatemalteca, que se transfiera esas “prácticas” al Ministerio Público.
Bajo las circunstancias actuales y ante el establecimiento de otras herramientas internacionales para la continuidad del necesario tutelaje, es oportuno alertar a la comunidad nacional e internacional, para que la transparencia e imparcialidad sea la norma de cualquier organismo para que permita cerrar la brecha de la polarización de hoy día en el país, donde todos hemos contribuido, alimentado y que por supuesto solo conviene a quienes defienden sus intereses, poniendo en duda, pero sobre todo en riesgo la necesaria lucha contra la corrupción.
