Francisco Cáceres Barrios
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Si revisáramos las columnas de quienes tenemos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento, encontraríamos que el “obligado tema” de los últimos meses del año ha sido tradicionalmente el mentado Presupuesto del año entrante. En lo que a mí respecta, les puedo asegurar que siempre he dicho que lo más absurdo de todo es que el inciso d) del Artículo 171 de la Constitución, los diputados siempre se lo han pasado por el arco del triunfo, pues la aprobación o no del detalle y justificación de todos los ingresos y egresos que presente el Ejecutivo sobre el ejercicio anterior, previo el informe de la Contraloría General de Cuentas, si mucho un par de diputados lo hojea descuidadamente, no digamos realizar un análisis profundo sobre cómo se manejaron los recursos del Estado.
Si con relación a lo anterior se alegara que el citado informe la Contraloría siempre lo envía tardíamente, al menos, los diputados responsables debieran saber con certeza cuál ha sido la ejecución de la asignación presupuestaria del año anterior de cada dependencia, porque aunque parezca increíble, siguen habiendo muchas que, ni siquiera, han podido cumplir con la mitad de lo asignado presupuestariamente a la fecha. ¿Entonces cómo pueden asignar menor, igual o mayor Presupuesto al ahora vigente?
Si bien es cierto que el Presupuesto anual del Estado es un instrumento político también lo es que el Estado tiene que cumplir con obligaciones fundamentales (Artículo 119 de la Constitución) como la de promover el desarrollo económico; la elevación del nivel de vida; la creación y el funcionamiento de cooperativas; otorgar los incentivos que determinan las leyes para establecer empresas en el interior para contribuir a la descentralización; fomentar la construcción de viviendas populares; impedir las prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad; haber defendido a los consumidores y usuarios de la mala calidad de productos y servicios; impulsar los programas de desarrollo rural; proteger la formación de capital, ahorro y la inversión; el desarrollo eficiente del comercio interior y exterior; mantener una relación congruente entre gasto público y producción nacional; como crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales.
Por lo que la pregunta del millón que debiéramos hacernos todos en las tristes y deplorables condiciones en que hoy nos encontramos es: ¿el gobierno de turno está cumpliendo con sus obligaciones o en vez de ello se ha dedicado, como el actual, a impulsar todavía más la corrupción y la impunidad; en derrochar los recursos en viajes, viáticos y en gastos superfluos; en la creación de plazas burocráticas para solo cumplir con sus promesas electorales, como nada de lo que fuera útil para que la población en general pudiera gozar de mayor seguridad, de mejores condiciones para su mejor y permanente desarrollo económico, cultural y educativo? Si a lo anterior su respuesta es negativa, ya sabe usted qué se debiera hacer con el mentado Presupuesto.
