Sandra Xinico Batz
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El racismo es la base del Estado-nación guatemalteco, que no solo se consolidó excluyendo a los pueblos originarios, sino que creó e implementó institucionalidad y políticas encaminadas a empobrecerlos, para afianzar contextos de desigualdad que garanticen que el ejercicio del poder económico y político no esté en sus manos.
Esta es una condición creada para poner en desventaja a los pueblos originarios debido a su origen cultural inferiorizado desde la invasión española y de esta manera garantizar su papel de servidumbre y subordinación. La intención de relegar y hacer legal la explotación de los pueblos ha estado presente en todo momento, es por ello que no basta con reformar el Estado-nación, pues su naturaleza es racista, lo que quiere decir que posee una ideología construida en nuestra contra que implementa mecanismos para ponernos en esas desventajas.
Es por ello que las leyes en lugar de beneficiarnos nos perjudican porque se crean para ello, para mantener relaciones de poder en desigualdad, porque el Estado no es ni cultural ni políticamente neutral. El que se nos niegue el acceso a la educación, a la justicia y a oportunidades no es efecto sólo de la ineficiencia del Estado sino principalmente de su intencionalidad en ello, en que se continúe así y que esto sea legal.
Es por esto que la criminalización es un recurso efectivo del Estado ya que permite implementar un andamiaje legal para encarcelar o matar a quienes se oponen al despojo y el saqueo, sin que esto sea repudiado socialmente, pues la criminalización también implica la reactivación de los estigmas y estereotipos racistas que están enraizados en la mayoría de guatemaltecos que justificarán la criminalización con el racismo que aprendieron socialmente, en el que la educación tuvo un papel importantísimo para su legitimación. La ideología del racismo se aprende.
Para el Estado guatemalteco no existe soberanía cuando se trata de los pueblos originarios, porque al ser racista tiene una visión despojadora que ha hecho legal no sólo la criminalización, sino que también la invasión de megaproyectos transnacionales que se instalan en territorios de pueblos originarios precisamente porque saben que el Estado racista les permitirá violentar todo tipo de derechos sin que esto incurra en delitos y por ende sin que esto sea sancionado pues cuenta con la aprobación del Estado.
Se puede defraudar fiscalmente al Estado por millones de quetzales aun siendo funcionario que no pasa nada. Por negligencia o con toda la intención el Estado puede acabar con la vida de sus “ciudadanos” que no pasa nada. Pero si se trata de los pueblos ocurrirá todo lo contrario, como ha pasado con la reciente sentencia al hermano q’eqchi’ Bernardo Caal a quien se le ha sentenciado a siete años de prisión por enfrentarse a una compañía extraactivista proveniente de España que funciona también con capital nacional, lo que hace evidente la continuidad por más de 500 años del saqueo, despojo y persecución de los pueblos con aval de los criollos, quienes a la vez financian la política en el país.
