La elaboración del Presupuesto General de la Nación debiera ser uno de los asuntos más importantes y serios de la administración pública porque mediante ese mecanismo se tiene que hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles. De acuerdo con la capacidad financiera del Estado, cuya base esencial son los ingresos ordinarios, se tiene que hacer la planificación del gasto e inversión pensando en los fines esenciales del Estado, lo que equivale a buscar el bien común de manera prioritaria.
Ese trabajo es eminentemente técnico, pero ello no es garantía de que sea ejecutado con esa característica porque los gobiernos piensan y actúan con criterios políticos que muchas veces hacen que se imponga lo que genera votos en contra de lo que técnicamente debe hacerse para enfrentar la problemática de cualquier país. Pero cuando finalmente el proyecto de Presupuesto llega al Congreso corresponde a los diputados tomar la decisión final y allí es previsible que todavía haya otro grado de sesgo político. Eso ocurre en condiciones normales y en países donde los diputados actúan como políticos, pero no dejan de actuar como ciudadanos responsables.
En otras palabras, nosotros estamos muy lejos de esos parámetros que ya son complicados, porque aquí ni siquiera se trata de criterios políticos, sino simple y sencillamente de dónde se puede “huevear” más. Y usamos esa expresión porque no hay otra que pueda definir claramente y con precisión lo que se proponen en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República donde se decide finalmente el monto, la orientación e intención del Presupuesto.
Las modificaciones que se hacen no son para gastar mejor ni para invertir en lo que el país necesita. Se cambian o se crean partidas para asegurar el moco, la mordida, el soborno y la coima que constituyen el fin esencial del trabajo de quienes en Guatemala se hacen llamar políticos. Aquí si se infla el Presupuesto del Micivi no es para que realmente se recupere la red vial, sino para que mediante contratos con contratistas apalabrados (seguramente desde el financiamiento electoral), se puedan realizar negocios ventajosos para los gobernantes y diputados, como se ha hecho a lo largo de este Gobierno en el que el abandono de la infraestructura ha sido patético.
El problema se agrava, pues, por la clase de diputados que tenemos puesto que ni siquiera piensan con criterio político, mucho menos técnico, puesto que su único incentivo e interés es hartarse con el pisto que debiera servir para atender las necesidades de la población y eso no tiene remedio.
