Stu Velasco
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El viernes 12 de octubre de 2018 fue asesinado ANTONIO JUAN PASCUAL, que fue emboscado de forma criminal y cobarde cuando se dirigía a trabajar como guardabosques, recibió por parte de sus victimarios un balazo en la cabeza, su cuerpo quedó tirado, junto a él su motocicleta, como responsable trabajador, iba preparado para la faena del día y cumplir con sus responsabilidades, por si llovía mientras cumplía con su trabajo, de pantalón de lona, chumpa impermeable y botas de hule; seguramente su meta recibir su salario al fin de mes, brindar a él y a los suyos una mejor calidad de vida y llevar el pan a su hogar de una forma honrada.
Antonio Juan no contaba que el ser empleado de una hidroeléctrica establecida en su municipio, significaría una sentencia de muerte, por parte de radicales-extremistas que se oponen al funcionamiento de la misma, y que bajo falacia de la defensa de sus pueblos y derechos cometen recurrentemente actos violentos-criminales en contra de las comunidades, que apoyan proyectos de inversión y desarrollo de energía, porque es irónico que quien exclame y exija respeto a sus derechos, ejecute con un tiro en la cabeza a otro ser humano simplemente por no apoyar a su causa.
Pasa tanto en nuestra Guatemala, que poco o nada se ha dicho de este asesinato, y quienes tendrían la obligación de pronunciarse prefieren ver a otro lado, porque en esta ocasión probablemente el asesino está del lado de quienes denuncian atropello a sus derechos y reclaman ser víctimas de violaciones de sus derechos humanos, y hoy quien fue vilmente ejecutado no formaba parte de un “Gobierno Ancestral Plurinacional”, que horas antes del asesinato convocó a protestas en contra de la hidroeléctrica en donde trabajaba Antonio Juan. Es ese silencio cómplice de aquellos actores que se rasgan las vestiduras cuando a sus intereses nacionales e internacionales conviene denunciar de forma parcializada posibles violaciones de derechos humanos, que empodera a estos grupos radicales-extremistas que erróneamente se creen superiores a la ley.
En lo personal respeto el derecho de cada ciudadano, y creo también en que se debe respetar y velar porque en la inversión, desarrollo y construcción de proyectos de energía u otra índole, no se dañe la seguridad integral de los guatemaltecos que viven en los lugares en donde estos se realicen, como tampoco contaminar el ambiente, recursos naturales como ríos que son fuente de vida para las comunidades, lo que debe ser una responsabilidad y principio del empresario que emprenda este tipo de proyectos.
Sin embargo, jamás se debe pretender justificar acciones violentas-criminales o menos asesinatos y/o ejecuciones como lo ocurrido en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, bajo la excusa que quien no esté a favor de la causa que pida el retiro de una hidroeléctrica, minera etc., merece ser atacado, incendiado o asesinado. Y menos tener aún el cinismo en este tipo de casos de decirse víctima porque el Estado ha criminalizado su protesta.
Un llamado urgente al señor Presidente de la República, en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, la debida alimentación de la niñez, salud y educación no existen, y son falencias de Estado que están ahogando a la comunidad y que inciden en la conflictividad social existente.
Señora Fiscal General de la República, es fundamental que el asesinato de ANTONIO JUAN PASCUAL, sea esclarecido y los responsables detenidos para que rindan cuentas ante la Justicia.
De no atenderse integralmente la problemática social en Ixquisis, y quedar en la impunidad el asesinato en mención, podría repetirse la trágica historia del 2014 de aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez.
