Adrián Zapata
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La crisis de los niños migrantes no acompañados encendió las alarmas norteamericanas y convirtieron el tema de la migración en un elemento esencial en su relación con los países del “Triángulo Norte de Centroamérica”. El Plan de la Alianza por la Prosperidad dirigido a dichos países fue un esfuerzo inicialmente bajo la responsabilidad del entonces vicepresidente Joe Biden y pretendía, según el discurso de ese alto funcionario, encontrar soluciones de fondo a la migración, abordando las causas que la producen. Fue así como se consideraron complementarias las acciones propias de una política de seguridad con las correspondientes a impulsar el desarrollo, particularmente de las regiones de donde provienen los migrantes. Con la llegada de Trump rápidamente se erosionaron los esfuerzos dirigidos a impulsar el desarrollo y se potenciaron los componentes represivos.
Por eso ahora que los hermanos catrachos han entrado a territorio nacional, debidamente documentados y abiertamente en tránsito hacia los Estados Unidos, el primer mandatario estadounidense, Donald Trump, pone el grito en el cielo y paralelamente el vicepresidente Mike Pence, en su referencia a la conversación sostenida con el presidente Jimmy Morales publicada vía Twitter, ha indicado que no habrá más ayuda sino se para la caravana de migrantes hondureños.
Centroamérica debería responder como región ante esta emergencia, pero con una visión integral y profunda. El Triángulo Norte es una terminología que no responde a dicha visión regional, sino que a la angustia norteamericana por su seguridad nacional, desde la perspectiva geopolítica que lo caracteriza.
Guatemala, en particular, no puede acceder a las órdenes imperiales violando derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños.
La migración debe ser un derecho humano, las fronteras son creaciones ilusorias del hombre. Migramos desde que vivimos en este planeta. Pero ese poema desafortunadamente debe ceder paso a la realidad, definida en esta materia por la orden estadounidense que nos exige detener la Caravana.
Guatemala no debe convertirse en el gendarme del gobierno estadounidense, afectando el derecho a la libre locomoción de nuestros hermanos hondureños. Ellos y ellas tienen todo el derecho de ingresar a territorio nacional y transitar por él. El gobierno guatemalteco debe brindar asistencia humanitaria a los integrantes de esta caravana.
Pero dicho lo anterior, los Estados centroamericanos, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen la grave responsabilidad de ser expulsores de sus ciudadanos, al no tener la capacidad de garantizarles que encuentren las oportunidades que les permitan permanecer en sus lugares de origen y no ser desterrados de ellos.
Urge, por lo tanto, una política regional de migración, que no sólo aborde esta temática desde una perspectiva humanitaria en relación al tránsito y ubicación final de los migrantes, sino que se atreva a enfrentar las causas que la provocan, relacionadas con la pobreza, principalmente rural, y la violencia predominantes en estos países.