Francisco Cáceres Barrios
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El gobierno de Jimmy Morales se ha caracterizado por la ausencia de capacidad en sus diferentes campos de acción. Entre tantos ejemplos, no hay un solo ministerio o dependencia pública que se salve de que la población los califique de la peor manera, no digamos por los constantes yerros cometidos en cuanto a la diplomacia y relaciones exteriores; en el manejo y control de la delincuencia y prevención del delito y qué decir en cuanto al manejo de los recursos públicos. Desde el inicio de su campaña electoral manejaron mal los pocos recursos económicos con que contaron, peor cuando les llegaron los aportes de personas individuales o jurídicas en la fase final de la misma, tal y como quedó demostrado cuando entidades o personas en lo individual reconocieron que lo hicieron sin el conocimiento de las autoridades competentes.
Sabido es por todos que esto último fue la causa por la cual al representante legal del partido ganador de las elecciones, ahora Presidente de la República, se le abrió el procedimiento para quitarle la inmunidad de la que ahora disfruta, cuyo trámite está en la fase final en que el Congreso, cuando la Comisión Pesquisidora que manda la ley deberá emitir su informe de si es o no procedente cumplir con lo solicitado, pero debe entenderse bien, que no es el Congreso el que lo está juzgando, sino serán los tribunales los que tendrán que ejecutar el procedimiento judicial, con base en los datos que se aporten por las entidades encargadas de hacer las investigaciones pertinentes.
Pero según se desprende de los argumentos expresados en el Congreso por el abogado del presidente Jimmy Morales, licenciado Juan Carlos Borrayo, eso no lo ha entendido todavía, pues llegó a asegurar que el financiamiento electoral ilícito no era un acto de corrupción, sino una falta administrativa. Fue tanta la incapacidad del “abogado defensor, que no se percató que al decir eso, tácitamente reconoció que Jimmy Morales sí tuvo responsabilidad en el señalamiento de que está siendo objeto, por lo que no hay vuelta de hoja que debe quitársele la inmunidad para que, conforme a la ley, sea investigado y procesado judicialmente como corresponde.
De ahí que insista en decir que si a juicio del “defensor” el financiamiento ilícito es o no un acto de corrupción, eso no corresponde a la Comisión Pesquisidora determinarlo, sino a los juzgadores, conforme a la pruebas que se aporten a su proceso judicial fuera por el MP o la CICIG. De igual manera, los argumentos expresados porque la acusación que se le hace al Secretario General, representante del partido político FCN-Nación de ese entonces, sea de carácter político, espurio o falso; que su persecución es selectiva; que el Ministerio Público haya tenido poco tiempo para analizar el caso; como que la Ley Electoral, la que fue transgredida, no sea de carácter penal, serán alegatos que tendrá que hacer en un tribunal y no en el Congreso.
