Creemos totalmente válido y necesario preguntarnos a dónde quieren llevar al Ministerio Público con los cambios operados bajo tremenda coacción en contra de varios de los mejor calificados fiscales regionales y de la inexplicable actitud “vigilante” que resume la postura de la fiscal general Consuelo Porras, según sus propias palabras. No es un secreto que la titular del ente encargado de la investigación y persecución penal fue nombrada en el marco del conflicto de interés del presidente Morales con esa institución por los señalamientos formulados en su contra por el financiamiento electoral ilícito, tanto así que sus esfuerzos por acabar con la lucha contra la corrupción siguen vigentes en su empeño por aniquilar a la CICIG.
Los presidentes nombran en el Ministerio Público a quienes no les vayan a crear problemas y hasta ha habido ciudadanos que con cínica expresión han cuestionado la “lealtad” de Thelma Aldana por haber enviado a prisión al mandatario Otto Pérez Molina que la nombró, como si la lealtad no debiera ser a la ley y la Constitución y no a quien les nombra. Pero con esa peregrina mentalidad que muestran algunas gentes también opera el poder y por ello la designación de Porras en las condiciones tan especiales que se vivían por ese conflicto notorio de interés, era muy peculiar.
Como muchos, decidimos otorgar el beneficio de la duda sin saltar a conclusiones, pero los hechos están hablando más claro que el discurso de la titular del MP que cacarea su historial de apego a la legalidad. Vigilar es siempre importante si como consecuencia se producen acciones para evitar abusos y desmanes, pero en el caso de la abogada Porras la vigilancia se tradujo en excusa para la inacción frente a flagrantes desobediencias de las resoluciones judiciales que se han pretendido justificar de mil maneras, tanto en foros nacionales como en foros del extranjero.
Y siguiendo el ejemplo Degenhart con la Policía Nacional Civil, la Fiscal General removió a funcionarios seleccionados en procesos serios de evaluación y calificación, con el agregado de que lo hizo mediante coacción a los funcionarios que fueron encerrados en la Fiscalía General hasta que les obligaron a renunciar. Es importante abordar ese tema en especial porque no es secreto el papel que jugó el esposo de la Fiscal General en esos ascensos; eso y otras denuncias hechas por fiscales deben abordarse.
Insistimos en la validez de la pregunta utilizada para titular esta nota editorial porque el Ministerio Público llegó a ser pieza clave en la depuración del Estado y parece estar cayendo en la vieja complacencia.
