Stu Velasco

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Comisario General (PNC) en buen uso de su retiro. Experto en seguridad ciudadana, servir a Guatemala es mi ¡mayor pasión! Criminólogo y Criminalista (UMG). Magíster Artium en Estudios Estratégicos por la Universidad Rafael Landívar. M.A. en Seguridad Pública por la Universidad Galileo. Consultor en análisis estratégico,  procesos de inteligencia, gerencia de crisis y administración de riesgos. Constructor de una mejor sociedad para nuestras futuras generaciones.

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Stu Velasco
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El Sistema Penitenciario de Guatemala, bajo la responsabilidad de diversos gobiernos se ha convertido en el gran vacío del Sistema de Seguridad y Justicia, y en la pesadilla de miles de guatemaltecos que continúan padeciendo perversas y crueles acciones criminales que ahí se planifican, en donde el tesonero, riesgoso y muchas veces letal trabajo de policías, fiscales y jueces que cumplen con su misión cae a ese vacío de justicia, que ancla en un importante porcentaje la paz, tranquilidad y seguridad para nuestra sociedad, burlándose grotescamente del sacrificio que representa para una víctima de delito, enfrentar y sostener un proceso penal ante el criminal que le arrebató sus sueños y asesinó a lo que más amaba en su vida.

El Sistema Penitenciario debe ser un pilar de la seguridad y justicia de un país, en donde se busca librar a la sociedad de esa persona sentenciada condenatoriamente, que representa un alto riesgo y peligro para la ciudadanía y que necesita estar privada de su libertad para asegurar que no continúe perpetrando crímenes, y a la vez bajo un proceso integral sea sometido a procesos que le brinden la oportunidad de una readaptación social si supera y demuestra poseer esa actitud.

En los gobiernos de la era democrática, con mayor responsabilidad, se convirtió a nuestro Sistema Penitenciario en cárceles de sangre y fuego con muros de papel, en donde se elucubran los más deleznables crímenes en contra de productivos guatemaltecos en donde las estructuras del crimen organizado continúan dirigiendo sus operaciones ilícitas, en donde las pandillas siguen extorsionando y ordenando asesinatos a todo aquel que se resista a darles el dinero, que con mucho sacrificio y tesón ganan para el sustento de sus familias. En donde se impone la ley del más fuerte y sanguinario, en donde todo aquel recluso o grupo rival es ejecutado cuando se interpone a los intereses-negocios criminales que existen dentro de las cárceles. El poder de las estructuras criminales alcanza a corromper a muchos funcionarios penitenciarios que facilitan la realización de diversos crímenes dentro y fuera de las cárceles y cuando existen funcionarios y/o guardias que intentan rechazarlos son igualmente ejecutados y silenciados.

Lejos está de cumplirse con el fin del Sistema Penitenciario, la posibilidad de una readaptación social de una reclusa o recluso es quimérica, dada las circunstancias en las cuales se encuentra el Sistema Penitenciario, sin una clasificación de reclusos atendiendo a su perfil criminológico, obsoleta infraestructura, en donde la capacidad total es para seis mil ochocientos reclusas/reclusos, actualmente posee veinticuatro mil, teniendo un hacinamiento y sobrepoblación que impide un control real por parte del Estado en las veintiún cárceles del país.

De no atenderse estructuralmente y situarse como prioridad de Estado al Sistema Penitenciario, seguirán ocurriendo muertes-homicidios de reclusas y reclusos dentro de las cárceles, dirigiéndose y ordenándose todo tipo de crímenes, y la probabilidad de fugas masivas será alta por lo que es fundamental, implementar medidas que ayuden a evitar estos hechos.

Dentro de ello está la implementación del control telemático, en donde por lo menos unos tres mil privados de libertad podrían salir de las cárceles bajo controles tecnológicos que afectarían el hacinamiento y prevendrían muertes dentro de las cárceles, inversión y construcción a través de un alianza público privada de por lo menos una cárcel de alta seguridad para resguardar a aquellos perfiles criminológicos que son los líderes de estructuras criminales y que continúan delinquiendo, una rigurosa revisión de la prisión preventiva para cesarla en los casos que sean pertinentes.

Es responsabilidad del Sistema de Seguridad y Justicia, y del Poder Legislativo trabajar en estas medidas.

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